Debate por alza de pasajes en Quito naufraga entre modernización y desacuerdos en el Concejo

La discusión sobre el incremento de la tarifa del transporte público en Quito terminó abruptamente este jueves, luego de que la sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano fue suspendida por falta de cuórum.  

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La salida de varios concejales impidió continuar el primer debate del proyecto de ordenanza que propone elevar el pasaje urbano de 35 a 40 centavos a partir de enero de 2027, siempre que se cumplan los procesos de modernización previstos para el sistema de transporte.

La suspensión desató un nuevo enfrentamiento político entre el alcalde Pabel Muñoz y parte del Concejo. Visiblemente molesto, el burgomaestre calificó como una “falta de respeto a la ciudad” el abandono del pleno y cuestionó que algunos ediles critiquen una iniciativa que, según dijo, ni siquiera permitieron debatir.

“Luego los que no son nuestros están criticando lo que ni siquiera debaten”, reclamó tras levantarse la sesión, cuando solo permanecían 10 concejales en la sala. La jornada había iniciado pasadas las 10:30 y contemplaba la participación de 13 representantes ciudadanos mediante la figura de la silla vacía.

Alcalde y oficialismo defienden el alza del pasaje

Antes de la suspensión, el Municipio defendió que el incremento tarifario no responde únicamente a una necesidad económica, sino que forma parte de una transformación integral del transporte público. 

El presidente de la Comisión de Movilidad, Diego Garrido, explicó que el proyecto fue analizado durante 53 días en mesas técnicas y que la tarifa de 40 centavos entraría en vigencia recién desde el 1 de enero de 2027. Hasta entonces se mantendría el valor actual de 35 centavos.

Muñoz aseguró que su administración recibió un sistema de movilidad “caótico” y sostuvo que el objetivo es dejar atrás un modelo que lleva tres décadas sin cambios estructurales. 

Según indicó, este año se espera alcanzar cerca del 70% de modernización del sistema mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar el servicio y fortalecer el control sobre las operadoras privadas.

El pago a transportistas estaría condicionado

El nuevo modelo plantea que los transportistas dejen de ser remunerados exclusivamente por el número de pasajeros movilizados y pasen a recibir pagos en función de los kilómetros recorridos y del cumplimiento de indicadores de calidad. 

Para ello se implementarán tres plataformas tecnológicas: el Sistema Integrado de Recaudo (SIR), que permitirá pagar con Cuenta Ciudad y otros medios electrónicos; el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), para monitorear en tiempo real rutas, velocidades y paradas; y el Sistema de Información al Usuario (SIU), que ofrecerá datos de recorridos y tiempos estimados de llegada de las unidades.

El secretario de Movilidad, Alex Pérez, explicó que el SAE y el SIU tienen plazo para estar operativos hasta el 31 de diciembre de este año, mientras que el Sistema Integrado de Recaudo contará con un plazo adicional de ocho meses tras la aprobación de la ordenanza, debido a la importación de los equipos necesarios. 

13 operadoras realizan pruebas

Añadió que el Municipio ya realiza pruebas con 13 de las 60 operadoras y que la plataforma tecnológica es de propiedad municipal, lo que permitirá centralizar la información y garantizar el monitoreo permanente del servicio.

Desde el sector transportista también hubo respaldo a la propuesta. Jorge Yánez afirmó que esta es la primera vez que el debate tarifario se sustenta en criterios técnicos y no únicamente políticos. Señaló que el gremio ha participado en las mesas de trabajo y que la reforma constituye un paso para reemplazar un modelo “anacrónico” por otro basado en tecnología, control y calidad del servicio.

El dirigente explicó que todas las unidades de transporte ya cuentan con equipos GPS instalados desde 2021 y que la siguiente etapa será integrar esa información con la plataforma municipal, para transmitir datos en tiempo real. 

Y añadió que aún será necesario instalar validadores para aceptar pagos con la Tarjeta Ciudad, tarjetas bancarias y otros medios electrónicos, una inversión que oscilaría entre 5.000 y 7.000 dólares por unidad.

Sin embargo, el proyecto también enfrenta cuestionamientos. El edil Andrés Campaña calificó como “vergonzoso” que el Concejo no haya podido debatir un tema de alto impacto para la ciudadanía, aunque insistió en que su mayor preocupación es el contenido de la ordenanza.

A su juicio, la iniciativa representa “una nueva metida de mano en los bolsillos de las familias” y modifica una normativa aprobada apenas en marzo para ampliar los plazos de implementación de la reestructuración de rutas y de los indicadores de calidad, lo que evidenciaría que las mejoras prometidas aún no están garantizadas.

Preocupación por aumento del pasaje en zona rural

Campaña advirtió además que algunas rutas urbano-rurales registrarían incrementos superiores al 20%. Y expresó su preocupación por la eliminación de la tarifa preferencial de 10 centavos para personas con discapacidad, un beneficio que, recordó, está contemplado en el Código Municipal.

En la misma línea, Johnny Hernández, representante de la silla vacía por las personas con discapacidad y grupos vulnerables, dijo que la propuesta prioriza criterios financieros sobre un enfoque de derechos. Y advirtió que retirar ese beneficio constituiría un retroceso incompatible con la Constitución y la Ley Orgánica de Discapacidades.

En representación de la sociedad civil, Rocío Bastidas lamentó la suspensión del debate y aseguró que la falta de cuórum refleja la ausencia de consensos sobre la reforma tarifaria. Cuestionó que el proceso carezca de transparencia y sostuvo que el Municipio no ha demostrado técnicamente por qué la tarifa debe subir a 40 centavos, ni el impacto que tendrá en las zonas rurales.