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Gustavo Chiriboga es supervisor de la Agencia Metropolitana de Control de Quito, desde marzo del 2025.
Gustavo Chiriboga es supervisor de la Agencia Metropolitana de Control de Quito, desde marzo del 2025.Leonardo Velasco/ EXPRESO

AMC de Quito, con pocos funcionarios, miles de casos y amenazas: Gustavo Chiriboga

La reforma al Cootad interrumpió el plan para duplicar el personal encargado del control en la capital

Gustavo Chiriboga, supervisor de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), asegura que les faltan manos: cuentan con menos de 400 funcionarios. Hay otras instancias, como la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), que tienen tres veces más personal y un solo campo de acción, mientras que la AMC controla al comerciante autónomo, quebradas, construcciones, perros sin vacunas, etc.

-Si bien los rige el Código Orgánico Administrativo (COA), ¿por qué pareciera que su reacción es lenta?

Actuamos en el marco de lo que establece el COA, el control se encamina a cumplir ordenanzas y seguimos el debido proceso. Actuamos frente a denuncias ciudadanas, pero tenemos una programación propia, derivaciones de otras instituciones, emergencias previstas por el ECU 911 y debemos responder según los recursos que tenemos.

-¿Por qué no actúan de oficio ante infracciones?

Lo hacemos, en el Código Municipal hay infracciones que se pueden verificar en flagrancia (consumo de alcohol en la acera o usar la calle como baño público); pero otras faltas son ordinarias; en el caso de construcciones, la ordenanza pide sancionar en función del metraje de una edificación, no es la misma multa para quien construyó un baño de 40 m2 o un edificio de 500 m2, pero hay que hacer mediciones o, según el caso, vuelos con dron, fotografías aéreas; además dar con el dueño de la edificación, buscando a nombre de quién está el predio.

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-En el caso de la concesionaria de autos que invadió la acera, ¿pesó más la presión ciudadana?

La ciudadanía es nuestra mayor aliada, el vecino que alerta nos ayuda. En ese caso puntual, hubo todo un proceso, suspendimos la obra y pese a eso, se abrió el local. Se verificó que no tenía licencia para eso y clausuramos. A la marca por reputación no le convenía ese sello y corrigió, pero la mayoría no lo hace.

-¿Qué pasa en la mayoría?

El COA obliga a seguir un proceso hasta multar y no pagan, impugnan. Para tramitar la ejecución del cobro tengo 15 personas. Hay 170 mil expedientes, algunos pendientes desde antes de que se creó la AMC, en la época de las comisarías, hace 16 años. Cada funcionario tiene nueve mil expedientes para cubrir.

-Incluso para el concejal de oposición, Michael Aulestia, la AMC está saturada y con poca capacidad de respuesta. ¿Cuánta gente tiene?

Son 356 funcionarios. En todo el distrito hay 37 inspectores notificadores para controlar a limpiaparabrisas, comercio autónomo, libadores, etc.  

Además, 16, para construcciones, movimiento de tierras y lotizaciones en 10 administraciones zonales; 12, para quebradas, vallas publicitarias, aceras y cierre de vías, arrojo de aguas servidas; 14 sustanciadores, que elaboran informes, etc. Tengo más apoyo en trabajo comunitario (1.600 personas), que personal.

Los infractores no aceptan la sanción, cada año hay 153 impugnaciones en la justicia y contamos con tres abogados.Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC

-¿Qué tantos casos resuelve la AMC cada año?

En 2022 se resolvieron 6.349 casos; en 2025 cerramos con 15.826 y ya en este año estamos en 4.345. Optimizamos procesos, incorporamos drones, interconexión con otras instituciones, para intercambio de datos, reuniones de seguimiento, le metemos presión al funcionario. Tenemos 25 camionetas y choferes que trabajan en turnos.

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-En Quito pareciera que no hay Dios ni ley, por las incivilidades. ¿No ha pedido más manos?

Habíamos coordinado con el alcalde pasar de 356 a 665. Se requieren $8 millones para implementar la estructura. Y el Cootad nos puso límites.

-Daniela Valarezo, exintendenta, proponía sumar a los policías metropolitanos.

El Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público limita porque podrían actuar solo como complemento a acciones de seguridad.  

El alcalde Pabel Muñoz les iba a transferir funciones para que apoyen en espacio público, pero si me apoyan 1.200 funcionarios y tengo 15 sustanciadores, en la AMC se creará un embudo.

-¿Qué se hace en otros países? ¿Hay más respeto?

La cultura de cumplimiento de la norma está más interiorizada. Acá las multas no son bajas, en construcciones podemos llegar a cien salarios básicos, más de $40.000, por construir al filo de quebrada o en ribera de un río. Si es una tienda, $ 400.

-¿Cómo actúan los infractores con la AMC?

A nuestros funcionarios los golpean y amenazan. Se consiguen su número y les dicen que saben dónde viven y que tienen hijos. En los últimos dos meses registramos tres casos; uno luego de una inspección en una discoteca por la Universidad Central y otro, en galleras por el Chocó Andino, le dijeron que le cortarían la cabeza.  

A la abogada a cargo de denunciar a un agente metropolitano, que se hacía pasar por inspector de la AMC, en cuya vivienda encontramos sellos e identificación adulterados, le llegó la amenaza al teléfono, le dieron tres días para renunciar. La jueza de este último caso lo dejó en libertad, no calificó el hecho flagrante descubierto en articulación con la Policía.

En el centro comercial Montúfar solo podemos revisar si tienen LUAE vigente. No podemos verificar si venden cosas robadas.Gustavo Chiriboga/ supervisor de la AMC

Las tareas a cargo de la AMC de Quito

La AMC debe sancionar a quien saca la basura a horas indebidas, a las construcciones ilegales, son 400 tipos de infracciones. Y debe ejecutar lo que dice el Código Orgánico Administrativo. Por eso con el alcalde trabajan en una propuesta de reforma y esperan que algún legislador la impulse para reducir tramitología.

¿Quién es Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC de Quito?

Es supervisor de la AMC desde marzo del 2025 (cumplió un año en el cargo). Trabajó en la Corte Constitucional. Es docente universitario. Es abogado, graduado en la Universidad San Francisco de Quito; maestría en Derecho penal y constitucional, en la Universidad Andina. Fue asesor legislativo, trabajó en la construcción del Código Orgánico Integral Penal (COIP), Código de Procesos y Código Administrativo.

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