Comisión de Movilidad debatirá el alza del pasaje en Quito el próximo 4 de junio

La Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano analizará este jueves 4 de junio de 2026 el proyecto de ordenanza presentado por el alcalde Pabel Muñoz que plantea incrementar la tarifa del transporte público de $ 0,35 a $ 0,40 a partir del 1 de enero de 2027.

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La iniciativa fue entregada por el alcalde para su tratamiento en la comisión presidida por el concejal Diego Garrido. Según el secretario de Movilidad, Álex Pérez, la propuesta busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y mantener una tarifa que considere las condiciones económicas de los usuarios.

El concejal Adrián Ibarra adelantó que la propuesta atravesará un amplio proceso de análisis técnico y social antes de llegar al pleno del Concejo Metropolitano.

“Vamos a tener un importante periodo de análisis técnico y social, y se realizarán los ajustes que sean necesarios”, dijo a Teleamazonas.

Una vez que la comisión emita su informe, el proyecto deberá pasar a primer debate en el Concejo, donde requerirá al menos 12 votos para su aprobación.

Cuestionamientos a la propuesta

Sin embargo, el proyecto enfrenta críticas. El concejal Andrés Campaña cuestionó que la ordenanza elimine los indicadores de calidad del servicio como requisito previo para la aplicación del incremento tarifario.

Según explicó, la propuesta concede a los transportistas un plazo de ocho meses para implementar el Sistema Integrado de Recaudo (SIR), pese a que varias de esas obligaciones debían cumplirse desde el 2020.

Campaña también expresó preocupación por la regulación del transporte en parroquias rurales. A su criterio, aunque se establece una tarifa base de $ 0,40 para el transporte urbano-rural, la propuesta no define mecanismos claros para regular las tarifas variables entre parroquias.

Además, señaló que el texto elimina disposiciones que garantizan una tarifa preferencial de $ 0,10 para personas con discapacidad.

Para el edil, un incremento del pasaje no puede aprobarse sin garantías de mejoras concretas en la calidad del servicio.

Municipio defiende controles y sanciones

Por su parte, el secretario de Movilidad aseguró que la calidad del servicio constituye uno de los ejes centrales de la propuesta.

Pérez explicó que la ordenanza establece inspecciones obligatorias y permanentes sobre las condiciones de seguridad de las unidades, incluyendo la revisión de frenos, neumáticos, mantenimiento mecánico y otros componentes operativos.

Asimismo, indicó que el proyecto contempla un régimen de sanciones para los operadores que incumplan las obligaciones establecidas, que podría ir desde medidas administrativas hasta la terminación de contratos.

“La calidad del servicio no es negociable”, sostuvo el funcionario.

Dudas sobre compensaciones a transportistas

El concejal Michael Aulestia cuestionó las compensaciones económicas contempladas para los operadores privados de transporte.

La propuesta prevé incentivos de hasta $ 8.000 por unidad. Sin embargo, el edil considera que no existen suficientes garantías de cumplimiento ni mecanismos claros para recuperar esos recursos en caso de que los operadores incumplan las condiciones establecidas.

Según Aulestia, el proyecto podría generar un escenario en el que los usuarios asuman un incremento inmediato en la tarifa, mientras las exigencias y verificaciones a los transportistas quedarían sujetas a procesos posteriores.