Usuarios de centros de diálisis protestan en Quito: “Somos pacientes, no delincuentes”

“Somos pacientes, no delincuentes”. El grito se escuchó la mañana de este martes 29 de septiembre del 2026, en la Plaza de San Francisco, en el centro de Quito, donde decenas de pacientes renales y sus familiares se concentraron para reclamar por la situación de las clínicas de diálisis y exigir garantías para la continuidad de sus tratamientos.

Minutos antes, Kevin Valdez, dirigente del Frente de Pacientes Renales del Ecuador, tomó el megáfono para referirse a unas declaraciones al ministro Juan Carlos Aveiga. “El ministro de Salud Pública dice que vendemos la medicina. Negado, es falso. ¿Qué medicina podemos vender?”, dijo Valdez ante los manifestantes. Después, el grupo repitió: “Somos pacientes, no delincuentes”.

"A veces la medicación gratuita aparece fuera de hospitales. Hemos identificado personas que dentro del sistema venden la medicación y hay gente, con mucha pena lo digo, recibe su receta para medicación crónica por seis meses y vende cuatro", dijo Aveiga, en Teleamazonas.

En sus cánticos y proclamas también dijeron que no quieren museos ni estadios ni Dedalus.

No pudieron congregarse en la Plaza Grande

El Frente de Pacientes Renales había convocado el plantón con la intención de llegar hasta la Plaza Grande y hacer escuchar sus reclamos frente al Palacio de Carondelet. Su objetivo era pedir la intervención del presidente Daniel Noboa ante los problemas que, según denuncian, atraviesa la atención de los pacientes que dependen de las unidades de diálisis.

Sin embargo, los manifestantes no pudieron instalarse en la Plaza Grande debido a la realización de un evento de Jóvenes en Acción, un programa gubernamental dirigido a jóvenes. Ante esa situación, los pacientes y sus familiares se trasladaron hasta San Francisco, donde continuaron con sus consignas: “Únete, pueblo, únete a luchar”, “Por la salud y la dignidad” y “Queremos vivir, diálisis es vida”.

La preocupación está relacionada con la continuidad de los tratamientos. Según los datos expuestos por los pacientes, alrededor de 20.800 personas reciben diálisis en Ecuador. Una persona con insuficiencia renal que depende de este tratamiento requiere, habitualmente, tres sesiones semanales, de unas cuatro horas cada una.

Los pacientes sostienen que algunos centros han tenido dificultades para garantizar el suministro de insumos y que en determinados casos se han reducido las horas de tratamiento. La situación está relacionada con la deuda que el Estado mantiene con las empresas y centros que prestan el servicio.

El lunes 28 de septiembre, DaVita, una empresa estadounidense que opera 28 centros de diálisis en Ecuador, anunció que alcanzó un acuerdo con el presidente Daniel Noboa. El anuncio se produjo después de una reunión entre representantes de la empresa y el mandatario.

El 14 de septiembre, DaVita había informado de un proceso para transferir al Ministerio de Salud Pública la atención de sus 3.850 pacientes debido a la deuda acumulada. El nuevo acuerdo dejó en suspenso esa transferencia. Otros centros de diálisis reclaman ahora condiciones similares.

Otras dializadoras piden el mismo trato

Luis Serrano, nefrólogo y director del Instituto del Riñón y Diálisis San Martín, en Guayaquil, considera que la solución debe alcanzar a todos los prestadores. “El acuerdo debe ser con todos los centros de diálisis, con los locales, no solo con los internacionales como DaVita”, señala.

Serrano explica que existen otros operadores internacionales, entre ellos Nipro, de Japón, y Baxter, de Estados Unidos, además de centros nacionales. Según su testimonio, el Estado todavía mantiene pagos pendientes durante 25 meses.

El especialista señala que el viernes el Ministerio de Salud Pública pagó una factura correspondiente a agosto de 2023, pero sostiene que todavía existe una deuda acumulada que dificulta la operación de los centros. En su caso, además, asegura que mantiene pendientes las liquidaciones de antiguos trabajadores y que las dificultades financieras provocadas por la falta de pagos hicieron que el número de pacientes atendidos pasara de 350 a 37.