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Pacientes renales piden al Gobierno garantizar la diálisis tras la advertencia de transnacional
Una dializadora les puso plazo hasta el 30 de septiembre del 2026 al MSP y al Ministerio de Finanzas para acordar cronograma de pagos
El Frente de Pacientes Renales, presidido por Kevin Valdez, se ha manifestado en la Plaza Grande, para que se garanticen las diálisis que requieren.
El Frente de Pacientes Renales del Ecuador expresó su “máxima preocupación, alarma e indignación” por la advertencia de DaVita Ecuador. En riesgo está la continuidad de la atención de 3.850 pacientes derivados por el Ministerio de Salud Pública (MSP).
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El Frente se refiere a la carta con fecha del 14 de septiembre de 2026. La representante en Ecuador de la firma, Ana Cecilia Andino Ruiz, informó que, si hasta el 30 de septiembre no se concreta un acuerdo formal de pago con el Estado, la empresa podría iniciar la transferencia progresiva de esos pacientes al MSP.
- La compañía atiende a unos 7.300 pacientes en 28 centros del país. De ellos 3.850 son del Ministerio de Salud.
¿Qué pide el Frente Nacional de Pacientes Renales?
Ante este escenario, el Frente exigió una respuesta inmediata de las autoridades y advirtió que la diálisis no puede ser suspendida o retrasada. Para la organización, cualquier interrupción de las sesiones supone un riesgo para las personas que dependen de este tratamiento.
El colectivo sostiene que durante más de tres años ha denunciado problemas relacionados con los pagos a prestadores, el abastecimiento de medicamentos y las condiciones de atención de los pacientes renales.
En los últimos meses también ha alertado sobre suspensiones o restricciones de tratamientos en centros privados de varias provincias.
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El Frente pidió al Gobierno garantizar la continuidad de las terapias y realizar fiscalizaciones sobre la situación financiera y operativa de la red de diálisis. También reclamó participar en las mesas técnicas y reuniones que se convoquen para abordar la crisis.
“Nadie puede hablar por nosotros sin nosotros”, sostiene la organización, que reclama una participación formal en las decisiones relacionadas con los pacientes renales.
El colectivo también cuestionó que los pacientes puedan terminar afectados por una disputa entre el Estado y los prestadores privados. Por ello, pidió al MSP adoptar medidas que permitan mantener la atención y evitar nuevas interrupciones.
La organización anunció que permanecerá vigilante y continuará con sus acciones de protesta hasta que existan soluciones que, según señala, garanticen la continuidad de los tratamientos.
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