La salud entra a la campaña de las elecciones seccionales 2026

Los asambleístas del correísmo lanzaron una campaña mediática para capitalizar el malestar de la gente con las prestaciones del sistema público de salud mediante visitas sorpresivas a hospitales y centros de salud. La reacción de la bancada de gobierno no podía ser más torpe. Ha sido, incluso, ridícula.

La asambleísta oficialista Inés Alarcón marcó la pauta. En sus redes sociales publicó un video en el que responde a la iniciativa de al menos ocho asambleístas de la Revolución Ciudadana que, durante las dos últimas semanas, acudieron a centros de salud y hospitales públicos en un operativo al que denominaron “fiscalizador”. 

Una estrategia clara desde el correísmo

Básicamente, la estrategia de los legisladores correístas consiste en llegar a hospitales y centros de salud, convenientemente acompañados por un equipo de comunicación que graba las visitas, recoge sus declaraciones y toma imágenes sobre la falta de medicamentos y las deficiencias del sistema. Los videos son subidos a las redes sociales, casi siempre acompañados de la etiqueta #SOSSalud, y todos tienen un elemento en común: sus protagonistas se quejan de que no se les permitió ingresar a los establecimientos de salud, lo que consideran un impedimento para ejercer labores de fiscalización.

Ricardo Patiño, por ejemplo, denunció la presencia de perros vagabundos en la entrada del Hospital Monte Sinaí y una supuesta falta absoluta de medicamentos. Incluso entrevistó a un paciente que aseguró que debe llevar hasta sus propias sábanas. 

Por su parte, el asambleísta del Azuay, Roque Ordóñez, afirmó que había realizado “una nueva fiscalización” y que había constatado que la situación de la salud se ha agravado. “En las últimas horas, dos pacientes fallecieron por la falta de medicamentos, insumos médicos y equipos, como el tomógrafo, que permanece fuera de servicio”, dijo. Agregó, además, que el abastecimiento de medicinas cayó del 48 % al 40 %.

La reacción desde el oficialismo

Pero la respuesta de Alarcón no puede ser, en efecto, más torpe. Se trata de un video que, a todas luces, es propagandístico y está completamente alejado de la realidad. Alarcón comienza afirmando que la fiscalización no puede convertirse en un show político. 

Y, en su afán por demostrar que a los correístas no se les permitió el ingreso porque no habían presentado la solicitud que ella considera necesaria para visitar los hospitales, aparece entregando un pedido formal para ingresar al hospital de Yaruquí, en el nororiente de Quito. “Tenemos que ser respetuosos, hay familias que sufren”, dice, como para marcar distancia con la conducta de sus colegas del correísmo, quienes intentan ingresar sin autorización.

En efecto, en todos los videos de los asambleístas correístas se los observa siendo impedidos de ingresar por la administración de los hospitales e, incluso, por la Policía. Pero lo más torpe del mensaje de Alarcón es su contenido, porque nadie podría creer las maravillas que ella pinta en su video. 

Se la ve solicitando información mediante formularios y permisos para luego afirmar que todo marcha de maravilla: las tareas de limpieza se cumplen perfectamente, las bodegas están repletas de medicamentos, nadie se queja de su escasez y los familiares de los pacientes hablan del excelente servicio médico que estos han recibido. Al final aparece diciendo que ha concluido el recorrido por el hospital de Yaruquí. “Por supuesto hay aspectos que hay que mejorar. Por eso he presentado un requerimiento de información, pero no para montar un show político sino para mejorar el servicio para ustedes”, afirma al cierre.

Lo que convierte la reacción de Alarcón en un recurso particularmente equivocado no es únicamente que el contenido del video no tenga conexión con la realidad, sino que parece estar concebido únicamente para deslegitimar el trabajo de sus colegas del correísmo. 

Es verdad que el correísmo lanzó esta campaña pensando en las próximas elecciones; también que se acuerda del drama de la salud únicamente cuando le resulta electoralmente conveniente y porque su intención es hacer oposición. Pero también es cierto que los legisladores tienen la obligación y la responsabilidad de fiscalizar la gestión del Ejecutivo.

Los asambleístas están en todo su derecho y, más aún, tienen la obligación de verificar que el Ejecutivo esté cumpliendo con sus responsabilidades. Y, como resulta evidente, en el sector de la salud no se han cumplido los ofrecimientos. Nadie puede negar que el desabastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales públicos y en el IESS es severo y persistente.

Existen cifras que reportan niveles de disponibilidad general de entre el 30 % y el 54 % en distintos momentos de 2025 y 2026. También se han registrado retrasos en compras anunciadas -incluidas las provenientes de la India-, deudas con personal externalizado, problemas de infraestructura y una limitada ejecución presupuestaria. Pacientes renales, oncológicos y trasplantados han protestado públicamente y denuncian consecuencias graves, entre ellas la interrupción de tratamientos. 

Esta situación no es un invento del correísmo, como parecería insinuar Alarcón. No hay duda de que el correísmo está recurriendo al tema de la salud para posicionarse de cara a las elecciones de noviembre y que la campaña iniciada por sus asambleístas no responde a un interés que haya demostrado durante el trabajo legislativo que despliegan en la Asamblea, donde este tema ha sido casi ignorado. Pero tampoco se puede negar, como lo ha hecho la asambleísta oficialista Inés Alarcón, que sus colegas del correísmo tienen el derecho y la responsabilidad de pedir cuentas al Ejecutivo.