Justicia
Seis acciones llegan a la Corte Constitucional tras la supresión de los jueces anticorrupción
A las acciones de inconstitucionalidad elevadas ante la Corte Constitucional se suman consultas de norma y una acción de incumplimiento
Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura, defiende la supresión de las unidades anticorrupción en Ecuador.
La eliminación de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, dispuesta por el Consejo de la Judicatura cumple un mes, y ya generó seis acciones ante la Corte Constitucional.
La cifra consta en una certificación de la Secretaría General de la Corte Constitucional, con fecha del 6 de octubre de 2026. Los recursos cuestionan, desde distintos frentes, la decisión de la Judicatura de suprimir la unidad especializada, que estaba integrada por jueces seleccionados mediante concurso.
De las seis acciones, dos son de inconstitucionalidad. Una fue presentada por el abogado Steven Calvopiña y la otra por las asambleístas del correísmo Viviana Veloz, Paola Cabezas y Mónica Alemán.
A estas se suma una acción de incumplimiento de sentencia, presentada por los jueces de la extinta unidad Renán Andrade y Karol Zambrano, esta última enviada a la Unidad de Violencia contra la Mujer de Tumbaco.
Los tres recursos restantes corresponden a consultas de norma presentadas por el juez Renán Andrade.
Así, la decisión de la Judicatura, adoptada el 7 de septiembre, pasó a ser examinada por la Corte Constitucional desde distintos mecanismos de control constitucional.
La resolución de la Judicatura estableció la eliminación de la unidad especializada y dispuso que las causas pasen a otras unidades judiciales. La medida generó cuestionamientos entre los jueces afectados y abogados, debido al impacto que tiene sobre procesos relacionados con corrupción y crimen organizado.
Cinco jueces constitucionales tienen las causas
Las seis acciones no están concentradas en un solo despacho. La Corte Constitucional asignó su conocimiento a distintos jueces.
Los magistrados que tienen a su cargo estas causas son José Luis Terán, Claudia Salgado, Richard Ortiz, Sandra Cordero, Alejandra Cárdenas y Karla Andrade.
La Corte deberá determinar, según corresponda en cada proceso, si las acciones cumplen los requisitos para su trámite y, posteriormente, resolver los cuestionamientos planteados contra la decisión de la Judicatura.
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Por ahora, la eliminación de la unidad especializada permanece vigente y sus causas continúan su traslado hacia otras dependencias judiciales, mientras el Consejo de la Judicatura habla de fortalecimiento y reorganización.
El Consejo de la Judicatura (CJ), presidido por Mercedes Caicedo, argumenta que la emisión de la Resolución 187-2026 no busca debilitar la justicia penal, sino implementar una "optimización de recursos" y una reestructuración funcional del sistema.
La justificaciones de la Judicatua:
Los principales argumentos sostenidos por la Judicatura son los siguientes:
- Desbalance en la carga procesal
El organismo señala que existía una desproporción severa entre los despachos especializados y los juzgados ordinarios:
Baja carga en lo especializado: Según cifras de la Judicatura, en un periodo de 12 meses el Tribunal Anticorrupción registró solo 234 expedientes para 9 magistrados. No se detuvo a analizar que las causas de crimen organizado tienen decenas de procesados.
- Sobrecarga en juzgados ordinarios
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En contraste, las unidades y salas penales ordinarias de Pichincha acumulaban más de 5.300 procesos en trámite.
- Ampliación del número de jueces habilitados
La Judicatura sostiene que la medida no elimina el juzgamiento especializado, sino que lo "amplía y desconcentra":
El modelo anterior concentraba el juzgamiento nacional en únicamente 19 jueces especializados radicados en Quito. El organismo argumenta que la capacidad operativa se fortalece al permitir que más de 50 jueces penales ordinarios (por ejemplo, los de las Unidades Judiciales de Iñaquito y Mariscal Sucre).
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