Reclutamiento de niños por bandas: expertos plantean nuevas claves para frenar el crimen organizado

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional continuó este lunes 20 de julio el análisis del proyecto de ley que busca prevenir y erradicar el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. Durante la sesión 104, el principal invitado fue Alejandro Javier Campos Martínez, director regional para el Caribe, Bermuda y América Latina de Crime Stoppers International, quien expuso observaciones técnicas para fortalecer la normativa.

La presidenta de la comisión, Diana Jácome Silva, explicó que el objetivo de la comparecencia fue recoger criterios especializados antes de elaborar el informe para segundo debate. Según indicó, los aportes permitirán robustecer una propuesta que busca cerrar vacíos legales frente a una problemática que, según distintos organismos, ha incrementado su impacto en Ecuador.

Durante su intervención, Campos insistió en que el reclutamiento de menores no puede abordarse únicamente desde el ámbito penal. "El tema del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes no es un tema exclusivamente de seguridad (...), también es un tema social", afirmó al advertir que la pobreza, la falta de oportunidades, la exclusión educativa y el desempleo crean un escenario que las organizaciones criminales aprovechan para captar a menores.

Reclutamiento digital: la nueva estrategia del crimen organizado

El especialista sostuvo que las estructuras criminales modificaron sus métodos de captación y ahora utilizan con mayor frecuencia plataformas digitales, videojuegos y redes sociales para acercarse a niños y adolescentes sin necesidad de un contacto presencial. Explicó que la pandemia aceleró ese cambio al trasladar buena parte de las interacciones de los menores hacia internet.

"Hoy en día no es necesario que el niño esté en la calle para ser reclutado (...). La mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes están en celulares, tablets y espacios digitales", señaló Campos durante su exposición ante los legisladores.

El experto añadió que incluso existen casos en los que personas privadas de libertad utilizan los chats de videojuegos para establecer vínculos con menores y comenzar un proceso de manipulación que termina convirtiéndose en reclutamiento. Esa modalidad, dijo, obliga a que la legislación contemple expresamente el entorno digital como un espacio de riesgo para la niñez.

Campos explicó que las organizaciones criminales desarrollan un proceso escalonado de captación. Inicialmente los menores cumplen tareas de vigilancia o mensajería y, posteriormente, son involucrados en actividades de mayor riesgo, como microtráfico, transporte de armas o sicariato. Según indicó, quienes fueron reclutados también terminan convirtiéndose en reclutadores de otros adolescentes.

Penas más severas para quienes reclutan menores

Uno de los principales respaldos expresados por el compareciente fue hacia el endurecimiento de las sanciones para adultos que incorporen menores a organizaciones criminales. A su criterio, la legislación debe atacar directamente a quienes lideran estas estructuras y no únicamente a quienes ejecutan las actividades ilícitas.

"Tenemos que ser muy duros con las penas de los reclutadores adultos, porque si no no vamos a cerrar la fábrica del reclutamiento", sostuvo el representante de Crime Stoppers International.

Campos recordó experiencias observadas en países como El Salvador, donde niños de apenas ocho años eran utilizados por pandillas para alertar sobre la presencia policial mediante teléfonos celulares. Explicó que muchos de ellos iniciaban como simples vigilantes —conocidos como "postes"— y luego ascendían dentro de las organizaciones criminales hasta participar en delitos graves.

El experto también destacó que el proyecto ecuatoriano incorpora el concepto de pertenencia funcional dentro de las organizaciones criminales, una figura que, según dijo, permite identificar el rol específico que desempeña cada integrante dentro de la estructura delictiva y diferenciar la responsabilidad entre reclutadores, colaboradores y menores utilizados.

Uso y utilización: la diferencia que busca precisar la ley

Durante su intervención, Campos explicó que el proyecto diferencia los conceptos de uso y utilización, una distinción que, según afirmó, facilitará el trabajo de fiscales y jueces al momento de aplicar la norma.

De acuerdo con su explicación, el "uso" corresponde a una etapa inicial, cuando el menor participa en actividades marginales o de acercamiento a la organización criminal, mientras que la "utilización" implica una explotación directa del adolescente en delitos como tráfico de drogas, extorsión o sicariato.

"Cuando es un tema de utilización hay que aplicarle todo el peso de la ley. Cuando es un tema de uso todavía estamos a tiempo de salvar a ese niño", manifestó.

Asimismo, señaló que la respuesta estatal debe combinar medidas penales con programas de resocialización, educación, empleo juvenil, cultura y prevención, pues advirtió que una estrategia exclusivamente represiva no resolverá el problema si los menores continúan encontrando en las bandas criminales su único espacio de pertenencia.

Legisladores advierten que la ley debe ir acompañada de política pública

El debate continuó con las intervenciones de los asambleístas, quienes coincidieron en que el endurecimiento de las penas debe complementarse con acciones estatales para evitar que niños y adolescentes sean captados por organizaciones criminales. Las preguntas se concentraron en el uso de plataformas digitales, el papel de las cárceles y las políticas de prevención.

El asambleísta Jorge Chamba destacó la experiencia internacional del compareciente y expresó su preocupación por el incremento del reclutamiento de menores en Ecuador. Durante su intervención sostuvo que el uso de videojuegos y plataformas digitales representa un nuevo desafío para las autoridades, al considerar que muchos menores son captados sin que sus familias conozcan lo que ocurre detrás de una pantalla.

Chamba preguntó qué mecanismos debería implementar el Estado para impedir que personas privadas de libertad o integrantes de organizaciones criminales contacten a menores mediante internet. Además, consultó si las reformas legales permitirán superar las debilidades institucionales existentes para detectar oportunamente estos casos y articular una respuesta entre distintas entidades públicas.

El debate apunta a educación, cárceles y prevención

El asambleísta Luna centró su intervención en la necesidad de fortalecer las políticas públicas para reducir los factores que facilitan el reclutamiento. Recordó que, según datos expuestos durante la sesión, miles de niños permanecen fuera del sistema educativo, situación que —afirmó— incrementa su vulnerabilidad frente a las organizaciones criminales.

También mencionó hechos recientes de violencia registrados en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, donde enfrentamientos armados obligaron a suspender actividades presenciales en instituciones educativas. Para el legislador, estas situaciones evidencian que el problema supera el ámbito penal y requiere acciones coordinadas del Estado.

Luna señaló que la pobreza, el desempleo, la falta de atención en salud y la ausencia de oportunidades para adolescentes constituyen condiciones que favorecen el crecimiento de las bandas delictivas. En ese contexto, consultó qué medidas deberían adoptarse para impedir que los menores pasen de ser reclutados a convertirse en reclutadores dentro de las propias organizaciones criminales.

Crime Stoppers alerta sobre el reclutamiento desde cualquier parte del mundo

Al responder las inquietudes, Campos Martínez explicó que el principal desafío radica en que el entorno digital no tiene fronteras. Según indicó, quien contacta a un menor ecuatoriano puede encontrarse en una cárcel o en cualquier otro país, lo que dificulta la persecución penal tradicional.

"El espacio digital es un superespacio (...). Estas cárceles o estos reclutadores digitales puede ser que no estén dentro de la jurisdicción ecuatoriana", advirtió.

Frente a ese escenario, sostuvo que la principal herramienta para reducir el riesgo es la educación digital dirigida tanto a padres como a niños. A su juicio, las familias suelen creer que un menor está seguro únicamente por permanecer en casa, cuando actualmente las mayores amenazas también se encuentran detrás de una pantalla.

El especialista comparó esta situación con las campañas de prevención de fraudes bancarios que se desarrollan en distintos países. Consideró que ahora es necesario impulsar procesos similares para que padres, docentes y adolescentes aprendan a identificar las estrategias utilizadas por las organizaciones criminales para captar menores mediante videojuegos, redes sociales y aplicaciones de mensajería.

El modelo de El Salvador y el control territorial

La presidenta de la comisión, Diana Jácome Silva, consultó al compareciente sobre los resultados obtenidos en El Salvador frente al combate de las pandillas y el reclutamiento de menores.

Campos respondió que la experiencia salvadoreña estuvo marcada por una decisión política de recuperar el control territorial mediante un régimen de excepción, aunque aclaró que cada país posee condiciones jurídicas distintas y que ese modelo no puede trasladarse automáticamente a otras realidades.

"La única forma de recuperar la soberanía nacional era quitarlos del territorio", afirmó al explicar cómo fueron desarticuladas las estructuras de la MS-13 y otras pandillas.

El experto sostuvo que, una vez debilitadas las organizaciones criminales, comenzaron a reactivarse actividades económicas y servicios públicos que permanecían restringidos por la violencia. Sin embargo, insistió en que Ecuador debe construir su propia estrategia combinando legislación, prevención, fortalecimiento institucional y persecución del crimen organizado.

Campos insiste en combinar sanciones con oportunidades

Durante la parte final de la comparecencia, el especialista reiteró que la prevención por sí sola no resulta suficiente cuando las organizaciones criminales controlan territorios completos. En esos casos, señaló, las familias incluso enfrentan dificultades para asistir a programas sociales debido al dominio ejercido por las bandas.

"La prevención sola no funciona", afirmó al explicar que las políticas sociales deben ir acompañadas de una respuesta contundente frente a las estructuras criminales.

Campos recomendó que la futura legislación vaya acompañada de presupuesto para programas de cultura, deporte, empleo juvenil, educación y resocialización. Según indicó, esos espacios pueden convertirse en alternativas para adolescentes que actualmente encuentran en las bandas criminales su único sentido de pertenencia.

También planteó mantener una diferenciación entre menores utilizados por organizaciones criminales y adolescentes que ya participan de forma consciente en delitos graves, como el sicariato, con el fin de evitar vacíos legales que puedan ser aprovechados por las defensas de integrantes del crimen organizado.

Al concluir la comparecencia, la presidenta Jácome agradeció las observaciones presentadas por el representante de Crime Stoppers International y anunció que los criterios técnicos serán incorporados en la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de ley.