Prensa bajo presión: El costo de investigar y cuestionar al poder

La persecución política de quienes investigan u opinan sobre temas incómodos para el gobierno de Daniel Noboa Azín es una verdad indiscutible. 

No es una opinión, como lo son las valoraciones de su gestión macroeconómica o de su combate contra la delincuencia. La persecución es en sí un hecho cierto y repetitivo, observado por todos y dolorosamente presente en la vida de quienes la han sufrido.

El caso de Los Irreverentes

Es un hecho que el programa Los Irreverentes, integrado por dos periodistas de destacada trayectoria como Fabricio Vela y Sol Borja junto al popular comunicador José Luis Cañizares, fue cancelado sin mayores explicaciones por RTU en 2024. 

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De la misma forma, es un hecho que el programa contaba con varias auspiciantes, cosa que difícilmente se logra sin aceptación del público, y que a él acudían personajes importantes de la política, como el entonces candidato a la presidencia Daniel Noboa, en 2023.

Y es un hecho también que miembros de ese equipo y numerosos colegas de ellos señalaron al Gobierno Nacional como responsable de su salida del aire, luego de haberlo criticado con agudeza en varias ocasiones, lo cual es de esperarse de cualquier periodista merecedor de ese membrete.

Es un hecho también que los tres, Vela, Borja y Cañizares, actúan visiblemente al margen de cualquier tendencia política, lo que es fácil de constatar visitando sus redes y observando la retahíla de insultos que reciben casi a diario no solamente de parte de troles y fanáticos del régimen, sino también de adeptos del correísmo y de otros movimientos.

El caso de Alondra Santiago y la ausencia de pruebas

A veces el hecho relevante no es el testimonio de las víctimas, sino la ausencia de pruebas del lado del victimario, porque aquello desenmascara la vulgar naturaleza política de las decisiones supuestamente basadas en el interés nacional.

Tomemos el caso de Alondra Santiago, periodista con afiliación política, pero frontal sobre ello. Santiago fue expulsada del país en base a un informe que nadie ha visto ni en resumen, el cual apelaba, cosa ya vista varias veces bajo este gobierno, a la seguridad nacional.

Puede ser que ella no sea una buena periodista a los ojos de muchos. Puede ser que ella haya ofendido al honor nacional, tal vez sin intención, cuando parodió al himno (la letra del himno no fue su objeto, sino el gobierno de Noboa). Esas son opiniones.

Pero que a ella la echaron del país por una decisión banal del poder es una verdad incontestable. De otro modo nos habrían mostrado algo más que un informe reservado. De hecho, sí nos dieron algo, aunque no fue una prueba sino una descarada confesión: una cadena nacional con el himno y la bandera.

Las acusaciones contra Expreso y Ecuavisa

Después de ese incidente, el Gobierno ha sido aún más frontal con sus dedicatorias. Tal es el caso de este diario, al que el ex secretario de Integridad José Julio Neira acusó de estar detrás de un esquema de evasión tributaria antes de que el Servicio de Rentas Internas siquiera empezase a investigarlo.

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Desde entonces han seguido largos meses de acoso institucional por todos los frentes, al cual se ha sumado el accionar de la Superintendencia de Compañías, acompañados de una campaña sucia en redes (mientras escribo estas palabras, tengo frente a mis ojos publicidad pagada, ¿quién sabe con qué plata?, que ataca al Expreso, cuyo link lleva a una página desaparecida en Instagram) y de nuevas e inverosímiles acusaciones contra este periódico y el canal de televisión Ecuavisa.

Hace tan solo unos días, el Sr. Neira llegó hasta al punto de querer acusar a los dos medios de tener una alianza con el prófugo Xavier Jordán, algo que, aparte de indignación, solo puede provocarle risa a quien lea estas páginas o sintonice ese canal.

Cuando la persecución afecta la vida personal

Sin embargo, el tiempo para las risas del público incrédulo y de la resistencia pasiva con una sonrisa de los distintos medios y comunicadores se está acabando. Vidas enteras se descarrilan por culpa de la persecución.

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No solo es el exilio de Santiago. Hernán Higuera, periodista de Ecuavisa, ha tenido que desistir de seguir investigando el caso Progen porque su familia ha sufrido las consecuencias de la incomodidad que la ha causado al Gobierno su trabajo: su esposa fue desvinculada del sector público y su hijo expulsado de la residencia hospitalaria en la que cursaba.

Joham Mejía, director de Los Outsiders, medio digital independiente, fue sacado de su puesto de trabajo en el extinto canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil por presiones similares.

Muchos casos parecidos, no solo de periodistas, sino también de profesionales, juristas e industriales han acontecido en silencio.

Las preguntas que quedan abiertas

Debemos preguntarnos: ¿Cuánto más podemos tolerar sin perder nuestra conciencia? ¿Qué tan lejos estamos, como sociedad ecuatoriana, de caer en la anomia total y absoluta? ¿Habrá todavía un micrófono o una pluma libre para anunciárnoslo?