Protección de la niñez en internet: los cambios que buscan reforzar este proyecto de ley

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional recibió a Grace Vásquez, representante de ChildFund International en Ecuador, dentro del análisis del proyecto de Ley Orgánica para la Prevención, Erradicación y Sanción de la Pornografía con Utilización de Niñas, Niños o Adolescentes. Durante la sesión, la experta presentó observaciones técnicas para fortalecer el texto antes de su aprobación.

Vásquez advirtió que el crecimiento de la producción y circulación de material de abuso sexual infantil obliga a contar con una normativa adaptada a los nuevos escenarios digitales. Entre los aspectos que destacó del proyecto constan la tipificación de la producción de este material como conducta principal del delito, la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial generativa y los deepfakes, así como mecanismos para bloquear contenidos ilícitos y proteger a las víctimas.

La representante de ChildFund también planteó ajustes al articulado para evitar posibles afectaciones a las víctimas durante el proceso judicial. Entre sus recomendaciones figura que la identidad de los responsables solo pueda difundirse cuando exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, con el objetivo de impedir la revictimización de niñas, niños y adolescentes, especialmente cuando los agresores forman parte de su entorno familiar.

Proyecto de ley sobre pornografía infantil plantea reforzar la prevención

Además de los cambios penales, la organización propuso fortalecer las políticas preventivas mediante educación digital obligatoria, alfabetización mediática y una mayor articulación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral. La intención es reducir los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en entornos digitales.

Otro de los puntos expuestos durante la comparecencia estuvo relacionado con la investigación de estos delitos. Según las observaciones presentadas, el principal obstáculo no se encuentra en la etapa de juzgamiento, sino en la capacidad de investigar, identificar responsables y preservar adecuadamente las evidencias digitales.

Por ello, ChildFund recomendó fortalecer las capacidades técnicas de la Fiscalía, de las unidades policiales especializadas en ciberdelitos y de los equipos encargados de la recolección de evidencia digital. La organización considera que estos cambios permitirían responder con mayor eficacia frente al incremento de este tipo de delitos.

Control judicial y obligaciones para plataformas digitales

Entre las propuestas también se incluyó la creación de un sistema de control judicial y rendición de cuentas para el bloqueo de contenidos ilícitos en internet. La organización señaló que este mecanismo permitiría garantizar que estas medidas se apliquen con supervisión y dentro del marco legal.

Asimismo, planteó establecer obligaciones para las plataformas digitales relacionadas con la evaluación de riesgos, el diseño seguro de sus servicios y la implementación de mecanismos específicos de protección para niñas, niños y adolescentes frente a contenidos de explotación sexual.

Finalmente, Grace Vásquez ratificó la disposición de ChildFund International para colaborar con la Asamblea Nacional mediante asistencia técnica, evidencia comparada y cooperación internacional durante la construcción de la normativa, con el objetivo de fortalecer la protección de la niñez y adolescencia en los entornos digitales.