¿Persecución o aplicación de la ley? Las reacciones al pedido de prisión contra Guido Perugachi

La solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía contra Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), ha generado reacciones contrapuestas entre actores políticos, defensores de derechos civiles y analistas. 

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Mientras sectores indígenas denuncian un intento de criminalizar la protesta social, otras voces sostienen que los hechos investigados deben ser tratados como posibles delitos y no como una expresión legítima de movilización ciudadana.

Perugachi enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en hechos relacionados con la paralización de servicios públicos durante las protestas registradas en Imbabura entre septiembre y octubre de 2025, movilizaciones convocadas en rechazo a la eliminación del subsidio a la gasolina extra anunciada por el Gobierno. 

La solicitud de prisión preventiva fue presentada por la Fiscalía durante una audiencia virtual de formulación de cargos realizada el 11 de agosto, cuya resolución quedó en análisis de la jueza encargada del caso.

La investigación ha provocado una rápida reacción de organizaciones indígenas. Ecuarunari expresó su respaldo a Perugachi y calificó el proceso como un caso de criminalización de la protesta social, argumentando que la persecución judicial de dirigentes sociales no debe convertirse en una política de Estado.

Cuestionamientos al uso de la prisión preventiva

Entre quienes observan con preocupación el avance del proceso se encuentra Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. A su juicio, la actuación de la Fiscalía podría constituir un precedente peligroso para las libertades de organización y protesta.

"Estamos frente a una posible criminalización de la protesta social", afirmó. Según Alarcón, aunque los hechos investigados se relacionan con movilizaciones ocurridas el año pasado, la solicitud de prisión preventiva contra un dirigente social genera inquietudes, especialmente porque organismos nacionales e internacionales monitorearon el contexto en que se desarrollaron las protestas.

Para Alarcón, incluso antes de que exista un pronunciamiento judicial, el pedido de la Fiscalía merece atención debido a la naturaleza excepcional de la medida. Recordó que la prisión preventiva debe aplicarse únicamente como último recurso y cuando no existan otras alternativas eficaces para garantizar el desarrollo del proceso penal.

Alarcón señaló que la legislación contempla mecanismos menos gravosos, como la prohibición de salida del país, las presentaciones periódicas ante la autoridad competente o el uso de dispositivos de vigilancia electrónica. Desde su perspectiva, recurrir de manera anticipada a la privación de libertad podría interpretarse como una forma de "castigo ejemplificador" contra quienes ejercen liderazgo en organizaciones sociales.

Además, sostuvo que el debate no debería centrarse únicamente en la necesidad de abrir canales de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones indígenas, sino en evitar un uso desproporcionado del derecho penal frente al ejercicio de derechos ciudadanos.

Una visión opuesta: "Debe responder por los hechos investigados"

En contraste, el analista político Andrés Páez considera que la discusión no puede limitarse al derecho a la protesta, sino que debe incorporar los hechos ocurridos durante las movilizaciones en Imbabura.

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Según Páez, los acontecimientos registrados durante las protestas excedieron ampliamente el bloqueo de vías y constituyen conductas que, a su criterio, están claramente contempladas en la legislación penal. Entre los hechos que menciona se encuentran la destrucción de infraestructura policial, el secuestro de militares y policías, restricciones impuestas a comerciantes para abrir sus negocios, ataques a vehículos y agresiones contra civiles.

El analista sostiene que las investigaciones deben desarrollarse sin considerar factores políticos o identitarios y que el foco debe mantenerse en la eventual comisión de delitos. También recordó declaraciones públicas realizadas por Perugachi durante una movilización en Ibarra, las cuales, en su criterio, deben ser valoradas dentro de la investigación.

Páez calificó los sucesos de Imbabura como un "ataque terrorista" y aseguró que los daños provocaron afectaciones económicas y sociales significativas en una provincia dependiente de la producción y el turismo. Bajo esa interpretación, argumenta que el Estado tiene la obligación de evitar que estos hechos queden en la impunidad.

Respecto al pedido de prisión preventiva, afirmó que si la jueza considera que existen suficientes elementos de convicción para dictarla, la decisión debe entenderse como parte normal del proceso penal y no como un acto de persecución política.

Un caso que trasciende a Perugachi

La situación judicial del presidente de Fenocin vuelve a colocar en el centro del debate una discusión recurrente en Ecuador: dónde termina el legítimo derecho a la protesta y dónde comienza la responsabilidad penal por los actos cometidos durante las movilizaciones.

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Mientras organizaciones indígenas y defensores de derechos civiles advierten riesgos de criminalización y cuestionan el uso de medidas cautelares severas, sectores que respaldan la actuación de la Fiscalía insisten en que las investigaciones deben esclarecer posibles delitos y determinar responsabilidades individuales.

Por ahora, la atención está puesta en la decisión de la jueza que conduce el proceso, quien deberá resolver si acepta o no el pedido de prisión preventiva planteado por la Fiscalía.