Plan Nacional de Seguridad de Noboa: alertan por control a ONG y protestas sociales

Después de casi tres años en el Gobierno, Daniel Noboa oficializó como política pública el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 mediante el Decreto 448.

El documento, aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado el 9 de marzo de este año, establece siete objetivos estratégicos destinados a fortalecer la capacidad del Estado frente a amenazas como el crimen organizado, la minería ilegal, el narcotráfico, la corrupción, los ciberataques y el terrorismo.

Sin embargo, el plan también incorpora entre los riesgos para la seguridad nacional al denominado “extremismo violento” y a la subversión, aspectos que han despertado preocupación entre organizaciones sociales, dirigentes indígenas y especialistas en derechos humanos.

Plan Nacional de Seguridad: qué plantea el Gobierno de Noboa

Según el documento, el extremismo violento es definido como un “fenómeno multidimensional (político, económico y social) vinculado con la adopción de ideologías extremistas, el empleo de la violencia e incluso de acciones terroristas”. Además, sostiene que este fenómeno es impulsado “por un radicalismo antisistema que cuestiona las instituciones y la democracia representativa”.

La hoja de ruta gubernamental contempla 17 estrategias en el objetivo 4 para enfrentar esas amenazas. Entre ellas destacan dos medidas que han generado debate: el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia para la prevención y neutralización de fenómenos de radicalización de protestas sociales y el incremento de la supervisión sobre organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y corporaciones que operan en el país.

Aunque el Ejecutivo plantea estas acciones como mecanismos para preservar la estabilidad democrática y fortalecer la institucionalidad estatal, diversos actores consideran que podrían derivar en restricciones a derechos fundamentales, como la libertad de organización y la protesta social.

Conaie cuestiona el plan y advierte riesgos para la democracia

Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), cuestiona el alcance de estas disposiciones y sostiene que buscan restringir la participación ciudadana. A su criterio, el Gobierno pretende “limitar la libertad de organización” bajo el argumento de defender la democracia.

La dirigente añade que “no es posible hablar de fortalecimiento de la democracia cuando se limita el derecho a la protesta o la participación, como lo que ocurre ahora con las organizaciones políticas, cuando se niega el fondo partidario o los candidatos están detenidos. Se debe investigar, pero dentro del debido proceso y respetando el Estado de Derecho”.

Las preocupaciones también han sido expresadas por organismos internacionales de derechos humanos. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), rechaza que las organizaciones de la sociedad civil sean consideradas un factor de desestabilización institucional.

Human Rights Watch alerta sobre posibles restricciones a las ONG

“Las organizaciones no gubernamentales no desestabilizamos la democracia. Muy por el contrario. Nuestro rol es hacer vigilancia a quienes están en el poder. No importa su color político. No hay democracias fuertes y sólidas sin organizaciones de la sociedad civil y periodistas que hagan escrutinio al gobierno”, señala.

Para algunos especialistas, categorizar a las organizaciones sociales como amenazas puede abrir espacios para prácticas de control político.

El experto en seguridad, Paúl Pinto considera que el contenido de ese objetivo representa un riesgo. Según explica, “el objetivo 4 es muy peligroso porque implica temas de control social, control a la oposición y de los que no están de acuerdo con el gobierno”.

Expertos discrepan sobre el control a organizaciones sociales

El especialista cree que “se está atravesando una línea peligrosa. Ahora está por escrito en el plan que se va a justificar la persecución de los pueblos indígenas. Se ve un deseo de control y de tener controlado a cualquier grupo que sea opositor al gobierno”.

En la misma línea, Goebertus advierte sobre posibles consecuencias para las organizaciones de la sociedad civil. A su criterio, podría producirse “la estigmatización y que esta se traduzca en debilitamiento y cierre de varias organizaciones”.

Desde la Conaie también se sostiene que algunas disposiciones ya han tenido efectos en el ámbito organizativo. Castañeda afirma que las medidas contempladas en el plan han provocado una “persecución y hostigamiento permanente. Tanto es así que ya hay tantos defensores estigmatizados y judicializados; eso sí afecta a la democracia”, resalta.

Supervisión a ONG: ¿seguridad nacional o control político?

La dirigente recuerda que durante las protestas registradas entre septiembre y octubre de 2025 se aplicaron medidas que afectaron tanto a personas como a organizaciones, específicamente a través del congelamiento de cuentas vinculadas con agrupaciones sociales. Casos de este tipo fueron denunciados por organizaciones como Alianza Ceibo y la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt).

No obstante, también se considera que las medidas de supervisión deben analizarse en el contexto de la lucha contra las estructuras criminales.

Wilson Goyes, experto en seguridad y director de la Escuela de Riesgos de la UIDE, sostiene que los mecanismos de control contribuirían a identificar redes que se camuflan para actividades ilícitas.

Control a ONG divide a especialistas en seguridad

Según explica, este tipo de vigilancia permite “asfixiar a las estructuras de fachada” y a los mecanismos utilizados para movilizar recursos de origen ilegal.

El experto indica que algunas organizaciones aparentemente legales han sido utilizadas para financiar estructuras criminales y captar a ciudadanos. “De esta forma se reduce la cooptación de personas en zonas vulnerables, como las fronteras, en donde ciertas organizaciones con apariencia benéfica han sido usadas por el crimen, para la gobernanza criminal y para sustituir al Estado y reclutar a jóvenes, niños y adolescentes”, manifiesta.

Pinto discrepa y atribuye la inclusión de ONG y organizaciones sociales dentro de las amenazas contempladas por el plan a una visión predominantemente militar de la seguridad. A su criterio, ello responde “por el miedo de los militares, porque el plan fue elaborado por militares”.

Analistas cuestionan la elaboración del plan de seguridad

El analista también cuestiona la falta de participación de diversos sectores durante la elaboración del documento. “Debió hacerse con la sociedad civil, gremios, sector privado. No hubo acuerdos ni consensos y lo que tenemos es un plan militar, de defensa, no de seguridad, con puntos inquietantes contra la oposición”, concluye.