Ley de Inquilinato regresó a la mesa de Justicia: Estos son los cambios que podrían incluirse

Las reformas a la Ley de Inquilinato regresaron a la Comisión de Justicia. Tras el inicio del segundo debate, el Pleno hizo observaciones y ahora esa mesa legislativa ajustará varios puntos para su tratamiento final.

La ley llegó al Pleno con el anuncio previo de que no sería votada. El movimiento oficialista, a través de su jefe de bancada, Esteban Torres, había anunciado que se plantearía que el texto regresara a la comisión para realizar ajustes. 

Al final, Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia, planteó esa moción y ahora la mesa legislativa trabaja en un informe que incluirá cambios.

Durante la discusión, la mayoría de asambleístas coincidió en la necesidad de actualizar una norma vigente desde el año 2000 que contenía referencias obsoletas, una de ellas, por ejemplo, relacionada con el sucre.

En síntesis, la propuesta busca equilibrar la relación entre arrendadores y arrendatarios, regular las garantías —con un techo máximo de dos cánones y devolución en 15 días—, exigir contratos escritos o digitales, incorporar inventarios fotográficos para inmuebles amoblados e impulsar la mediación.

¿Qué reparos tuvo la ley durante el debate?

Esteban Torres, quien también es integrante de la Comisión de Justicia, destacó la diferenciación entre alquileres comerciales y residenciales e impulsó incorporar disposiciones transitorias para que los municipios faciliten cambios de uso de suelo y conviertan edificaciones en desuso en soluciones habitacionales.

Por su parte, el aliado de ADN Samuel Celleri apoyó la modernización del marco legal. Propuso incluir un artículo de protección especial frente a la restitución del inmueble cuando el inquilino o su núcleo familiar enfrenten vulnerabilidad o discapacidad.

Mariana Yumbai (PK) planteó que se aclare que las partes pueden pactar arrendamientos sin garantía para beneficiar a familias vulnerables. Además, solicitó que la rebaja judicial del canon por deterioro del inmueble surta efecto desde la notificación de la demanda.

Desde el correísmo, el asambleísta Luis Fernando Molina presentó reparos sobre la demora en los certificados de fijación del canon; se opuso a la eliminación de las causales de terminación anticipada, al pago por consignación y al registro de anticresis. También solicitó que se aclare que, en la zona rural, la ley rija únicamente para vivienda y se excluyan los contratos agrícolas y comerciales.

Una vez que la Comisión realice los cambios, el documento regresará al Pleno para su votación. Para la aprobación de la normativa se requieren 77 votos. El tema se tratará cuando la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, disponga la continuación de la sesión 128.