Juicios políticos: los periodistas no deben involucrarse en ellos

Que los periodistas se conviertan en protagonistas de las audiencias de un juicio político es una pésima idea. Al menos para el periodismo, porque para los políticos siempre será un excelente negocio: ellos casi siempre saldrán airosos, sean los interpelados o los interpelantes. 

Quien termina gravemente lesionado es el periodismo, que pierde credibilidad al trastocar los papeles que le corresponden. Esta modalidad de periodistas convertidos en inspiradores de los políticos durante los juicios políticos empieza a aparecer en el Ecuador y, tarde o temprano, podría convertirse en un peligroso precedente para el periodismo independiente. 

Y cuando el periodismo independiente corre riesgos, también los corre la democracia.

Los dos casos de periodistas en busca de protagonismo

Por ahora hay dos casos notorios. El primero es el de Andersson Boscán, quien fue un animador importantísimo del juicio político contra Guillermo Lasso, proceso que desembocó en la muerte cruzada, antecedente directo de la actual circunstancia política. 

A inicios de 2023, Boscán compareció ante la Asamblea y, desde su programa en La Posta, impulsó el juicio político apoyado en su investigación sobre El Gran Padrino, según la cual el gobierno de Lasso mantenía vínculos con la mafia albanesa.

“A Lasso no hay que enjuiciarlo por peculado. Hay que enjuiciarlo por traición a la patria”, dijo Boscán en uno de sus programas, prácticamente sugiriendo a los asambleístas la causal del juicio político que buscaban. 

Finalmente, Lasso fue enjuiciado por un supuesto peculado relacionado con un contrato entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, suscrito durante un gobierno anterior. 

Ese caso fue posteriormente archivado por la justicia al no encontrarse indicios suficientes. Sin embargo, la actuación de Boscán fue determinante en el clima político que condujo a la salida de Lasso.

El caso Apagón, también conocido como Progen

El segundo caso es el del periodista Álvaro Espinosa. A inicios de esta semana compareció ante la Comisión de Fiscalización para explicar una investigación periodística sobre el caso Progen, durante la sustanciación del juicio político contra la exministra Inés Manzano. 

Su participación terminó siendo, sobre todo, útil para los abogados de la exfuncionaria, que lo interrogaron como si fuera un perito y no un periodista. ¿Quiénes sacaron provecho de la escena? Precisamente los abogados de Manzano.

Ambos casos forman parte de un fenómeno que crece en un ecosistema mediático donde algunos periodistas empiezan a parecerse más a los influencers que a periodistas. Y, si no se parecen, al menos parecen querer serlo.

En países con sistemas democráticos sólidos existe una tradición que procura evitar que los periodistas se conviertan, voluntaria o involuntariamente, en herramientas de los políticos. Hay varias razones, tanto deontológicas como institucionales, por las que se considera inconveniente que los periodistas se transformen en protagonistas de un juicio político.

La independencia para sortear cualquier relacionamiento

La primera es la independencia. La idea de que el periodista debe fiscalizar al poder y no integrarse a él es un principio irrenunciable. Si comparece para respaldar la acusación o la defensa de un funcionario, deja de ser percibido como un observador independiente y pasa a ser visto como un actor del proceso político.

Cuando un periodista se convierte en la punta de lanza de un juicio político, una de las primeras víctimas es la credibilidad. La credibilidad del periodismo depende tanto de la independencia real como de la apariencia de independencia. Si aparece en una sesión de la Comisión de Fiscalización indicando a los legisladores cuál debe ser la causal para una censura, tanto el periodista como el periodismo pierden mucho.

El periodista no es el fiscal de su investigación

Otro problema tiene que ver con la naturaleza de la prueba, y este es uno de los aspectos más importantes. El trabajo del periodista consiste en descubrir información, contrastarla y hacerla pública. Una vez publicada, corresponde a las instituciones del Estado obtener las pruebas originales, citar a los testigos directos y establecer responsabilidades. 

Si el periodista termina convirtiéndose en la pieza central de la acusación, existe el riesgo de que el debate político se desplace de los hechos hacia el medio de comunicación.

También existe un problema de confusión de roles. En una democracia, el periodista investiga; el fiscal acusa; el legislador ejerce control político; y el juez decide. Cuando esas funciones se mezclan, se debilita la separación entre la prensa y las instituciones del Estado. El periodista puede terminar siendo percibido como un auxiliar de una facción política o de un órgano estatal.

Ser y parecer periodista para proteger las fuentes

Otro aspecto importante es la protección de las fuentes. Si los periodistas se convierten habitualmente en testigos de procesos políticos, aumentará la presión para que revelen cómo obtuvieron la información o quién se la proporcionó. Eso puede desalentar a futuros informantes y debilitar la función de vigilancia que cumple la prensa.

Por eso, en Estados Unidos, por ejemplo, se consolidó una práctica institucional: el periodismo puede desencadenar un juicio político, pero no debe sustituirlo ni protagonizarlo. 

El ejemplo clásico es Watergate. Las investigaciones de Bob Woodward y Carl Bernstein fueron decisivas para revelar el escándalo, pero el proceso de impeachment se construyó sobre testimonios de funcionarios, documentos oficiales y las grabaciones de la Casa Blanca, no sobre la declaración de los periodistas. Esa separación permitió preservar tanto la independencia de la prensa como la legitimidad del procedimiento político.

En Ecuador estamos haciendo exactamente lo contrario.