Juicio político a Inés Manzano: ¿cuándo votará la Comisión de Fiscalización su archivo?

La etapa de pruebas dentro del juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, concluyó este martes 21 de julio en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La exfuncionaria rindió su versión ante la mesa legislativa.

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Una vez concluida esa etapa comenzó a correr el plazo legal para que la mesa legislativa elabore y vote el informe en el que recomendará al Pleno archivar el trámite o continuar con el proceso de interpelación.

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la comisión dispone de cinco días para remitir su informe al presidente de la Asamblea Nacional, una vez finalizada la etapa probatoria.

La norma también prevé que, si lo considera necesario, la mesa pueda solicitar una prórroga de hasta cinco días adicionales antes de emitir su pronunciamiento.

Cuestionamientos de la bancada correísta a Inés Manzano

El proceso fue impulsado por Lenin Barreto, Blasco Luna y Mónica Palacios, legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, quienes acusan a Manzano de presunto incumplimiento de funciones durante su paso por el Ministerio de Ambiente y, posteriormente, al frente de la cartera de Energía.

Los interpelantes sostienen que la exfuncionaria no ejerció un control adecuado sobre los contratos suscritos durante la emergencia eléctrica, en especial el firmado con Austral Technical Management (ATM).

Durante su intervención, Luna reconstruyó la secuencia de decisiones adoptadas en torno al contrato con ATM y señaló que, cuando Manzano estaba al frente de la cartera, continuaron los pagos y se firmaron adendas pese a que ya se habían emitido informes y advertencias sobre problemas técnicos en la contratación.

Según el legislador, esa actuación evidencia una responsabilidad política por omisión.

¿Qué dijo Inés Manzano?

En su comparecencia, Manzano desestimó las acusaciones sobre el contrato con ATM e indicó que sí existió una estrategia jurídica para sancionar a la empresa, imponer una multa y avanzar a la culminación del contrato en forma unilateral.

La exfuncionaria señaló además que no existe prueba que respalde una responsabilidad política en su contra.

"Actué dentro de la Constitución y la ley durante toda mi gestión. En un Estado de derecho, las responsabilidades no se presumen, se prueban y hoy esa prueba simplemente no existe", señaló Manzano.