Juicio político a Inés Manzano: Correísmo insiste en que hubo omisiones en los contratos de ATM

El asambleísta Lenin Barreto, de la bancada Revolución Ciudadana y uno de los proponentes del juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, sostuvo este 21 de julio de 2026, durante la reinstalación de la sesión de la Comisión de Fiscalización, que la exfuncionaria incurrió en omisiones al supervisar los contratos firmados durante la emergencia eléctrica, especialmente el suscrito con Austral Technical Management (ATM).

Barreto aseguró que, bajo la administración de Manzano, continuaron los desembolsos a la empresa pese a que, según afirmó, ya existían denuncias e informes que advertían irregularidades. También sostuvo que los apagones ocasionaron pérdidas superiores a 2.000 millones de dólares y la eliminación de alrededor de 250.000 empleos en el país.

"Estamos ante el más grande atraco de la historia del país. Dinero que le entregamos a empresas piratas y ellas devolvieron solamente chatarra".

Blasco Luna y Mónica Palacios respaldan el juicio político

El asambleísta Blasco Luna, también proponente del juicio político, afirmó que la entonces ministra tenía la obligación constitucional de ejercer la rectoría, supervisión y control sobre las contrataciones realizadas durante la emergencia eléctrica. Según expuso, esa competencia surgía de la circular emitida el 23 de abril de 2024, así como del Decreto Ejecutivo 355, que encargó al Ministerio de Energía coordinar las acciones para enfrentar el estiaje.

Luna repasó la cronología del contrato con ATM y sostuvo que, durante la gestión de Manzano, se realizaron pagos, se suscribieron adendas y se mantuvieron desembolsos pese a que ya existían alertas sobre fallas técnicas e informes que cuestionaban la contratación. A su criterio, esas actuaciones configuran una responsabilidad política por omisión.

"La exministra tuvo conocimiento de las irregularidades del contrato con ATM y no ejerció el control que le correspondía".

Por su parte, la asambleísta Mónica Palacios, también integrante de Revolución Ciudadana y proponente del juicio político, respaldó los argumentos presentados durante la sustanciación del proceso y sostuvo que las pruebas recopiladas evidencian un incumplimiento de las obligaciones de dirección y control que correspondían a la entonces titular del Ministerio de Energía.

Inés Manzano respondió de forma virtual y negó incumplimientos

Tras la exposición de los interpelantes, la exministra Inés Manzano compareció de manera virtual ante la Comisión de Fiscalización para ejercer su defensa. Desde el inicio de su intervención sostuvo que el juicio político debía responder una sola pregunta: si incumplió una función establecida en la Constitución o la ley, algo que, según afirmó, no ocurrió.

"La Constitución es clara. La responsabilidad política de una ministra deriva de las funciones que la ley le asigna. ¿Qué función bajo mi competencia incumplí? Ese deber no existe, tampoco puede existir responsabilidad política".

La exfuncionaria aseguró que asumió el Ministerio en medio de una crisis energética sin precedentes, con un déficit cercano a 1.800 megavatios, una sequía histórica y años sin ejecutar el Plan Maestro de Electricidad. También defendió el memorándum emitido durante la emergencia eléctrica, afirmó que solo tuvo vigencia mientras duró ese régimen excepcional y sostuvo que nunca asumió competencias que correspondían a otras autoridades.

"No me llamaron para crear una crisis. Me llamaron para enfrentar la peor crisis energética heredada en décadas".

Manzano también rechazó las acusaciones sobre el contrato con ATM y aseguró que sí existió una estrategia jurídica para sancionar al contratista, imponer multas y avanzar hacia la terminación unilateral del contrato. Finalmente, insistió en que no existe una prueba que sustente responsabilidad política en su contra.

"Actué dentro de la Constitución y la ley durante toda mi gestión. En un Estado de derecho, las responsabilidades no se presumen, se prueban y hoy esa prueba simplemente no existe".

Tras la intervención virtual de alrededor 12 minutos de la exministra Manzano, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez, dio por concluida la sesión sin abrir una nueva ronda de preguntas para la exministra. La decisión fue cuestionada por los asambleístas de Revolución Ciudadana, quienes reclamaron que se les impidió formular interrogantes adicionales y expresaron su desacuerdo con el cierre del debate.