Inés Manzano: "Actué dentro de la Constitución y la ley durante toda mi gestión"

La exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, compareció de forma virtual este 21 de julio ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para ejercer su defensa dentro del juicio político en su contra. Durante su intervención rechazó las acusaciones, sostuvo que no incumplió ninguna función legal y aseguró que las pruebas presentadas no demuestran responsabilidad política.

Desde el inicio de su exposición, Manzano afirmó que el proceso debe responder únicamente si incumplió alguna competencia establecida en la Constitución y la ley. En ese sentido, insistió en que los asambleístas acusadores no lograron identificar cuál habría sido la obligación jurídica que dejó de cumplir durante su gestión al frente del Ministerio.

"La Constitución es clara. La responsabilidad política de una ministra deriva de las funciones que la ley le asigna. ¿Qué función bajo mi competencia incumplí? Ese deber no existe, tampoco puede existir responsabilidad política".

Crisis energética: la defensa de su gestión durante la emergencia

La exministra recordó que fue convocada por el presidente Daniel Noboa en medio de una crisis energética que calificó como la más grave de las últimas décadas. Explicó que recibió un sistema con un déficit cercano a 1.800 megavatios, una sequía histórica y años sin ejecutar un plan de expansión para fortalecer la generación eléctrica.

Según su versión, la administración enfrentó condiciones excepcionales y no un escenario de normalidad. Comparó la situación con la crisis de 2009 y afirmó que entonces el país tenía una demanda de energía considerablemente menor, además de contar con mejores condiciones hidrológicas que las registradas en 2024.

"No me llamaron para crear una crisis. Me llamaron para enfrentar la peor crisis energética heredada en décadas".

También responsabilizó a gobiernos anteriores por el deterioro del sistema eléctrico. Afirmó que el Plan Maestro de Electricidad no fue ejecutado durante las administraciones de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, situación que, según dijo, dejó al país sin la capacidad suficiente para responder a la emergencia.

Memorándum, contratación pública y competencias

Uno de los principales cuestionamientos del juicio político gira alrededor de un memorándum emitido durante la emergencia eléctrica de abril de 2024. Sobre ese documento, Manzano explicó que fue elaborado únicamente para regular procesos de contratación pública mientras estuvo vigente la declaratoria de emergencia.

Añadió que dicho memorándum perdió vigencia al concluir ese régimen excepcional y que, posteriormente, fue dejado sin efecto mediante una circular suscrita por ella en agosto de 2025. En su criterio, los acusadores pretenden convertir una disposición temporal en una obligación permanente.

"No se puede convertir un memorándum de emergencia en una obligación permanente en el tiempo", señaló.

La exfuncionaria agregó que, aun cuando ese documento hubiese estado vigente, nunca le transfirió responsabilidades que la ley asigna a otras autoridades. Citó el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para sostener que esas competencias eran indelegables y correspondían exclusivamente al gerente general de la empresa pública involucrada.

Arbitraje, multas y terminación del contrato

Otro de los ejes de su defensa estuvo relacionado con el arbitraje promovido por el contratista. Manzano aseguró que durante su gestión sí existió una estrategia jurídica, la cual incluyó la imposición de multas, el inicio del procedimiento para declarar al contratista incumplido y los pasos necesarios para avanzar hacia la terminación unilateral del contrato.

Explicó que precisamente esas actuaciones provocaron que la empresa acudiera a un arbitraje de emergencia para intentar frenar las medidas adoptadas por el Estado. Añadió que actualmente las medidas cautelares fueron levantadas y que el proceso permite continuar con el cobro de multas, la ejecución de garantías y la terminación contractual.

"La mejor evidencia de que hubo una estrategia jurídica es que la contraparte intentó impedir que continuara".

Además, cuestionó que se le atribuya la obligación de terminar unilateralmente un contrato cuando este contemplaba mecanismos previos de solución de controversias, como buenos oficios, mediación y arbitraje. Según dijo, actuar de otra forma habría significado incumplir las cláusulas contractuales.

Críticas al correísmo y a gobiernos anteriores

Durante su comparecencia virtual, Manzano también comparó este proceso con el juicio político impulsado en 2009 contra el entonces ministro Albornoz, el cual fue archivado. Afirmó que en ambos casos los argumentos jurídicos son similares respecto a la imposibilidad de responsabilizar políticamente a un ministro por actuaciones de terceros.

Asimismo, aseguró que la Asamblea aprobó tres reformas para ampliar la participación privada en la generación eléctrica y acusó al correísmo de haber frenado inicialmente esos cambios. En su intervención sostuvo que la falta de inversión y planificación durante años derivó en el déficit energético que recibió el actual Gobierno.

La exministra también recordó varios arbitrajes internacionales y procesos que, según dijo, ocasionaron pérdidas millonarias para el Estado ecuatoriano. Citó los casos Perenco, Odebrecht, Toachi Pilatón, el Multipropósito Chone y la Refinería del Pacífico como ejemplos de decisiones estatales adoptadas fuera del marco legal.

"Las responsabilidades no se presumen"

En otro momento de su intervención, Manzano cuestionó actuaciones del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito por las medidas cautelares que inicialmente impidieron ejecutar acciones contra el contratista. No obstante, señaló que esas decisiones fueron posteriormente revocadas y que el arbitraje continuará para resolver la controversia.

La exministra sostuvo que, durante los siete días del proceso, no se presentó ninguna prueba que establezca un nexo causal entre sus actuaciones y un supuesto perjuicio económico para el Estado. También afirmó que ni la Contraloría General del Estado ha determinado una responsabilidad en su contra.

"Actué dentro de la Constitución y la ley durante toda mi gestión. En un Estado de derecho, las responsabilidades no se presumen, se prueban y hoy esa prueba simplemente no existe".