Informe de la NYU: el acoso del Gobierno a la Corte Constitucional es un grave caso de estudio

Los mentalizadores, estrategas y protagonistas del operativo de acoso y agresión a la Corte Constitucional en agosto de 2025 seguramente no querrán leer el informe que la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, NYU, una de las más prestigiosas del mundo, hizo sobre ese operativo. Y no querrán leerlo ni les gustará que se divulgue y comente, pues quedan muy mal. Quedan, en realidad, pésimo, porque el operativo se inscribe como uno de los actos más antidemocráticos e ilegales que se han cometido en la región.

Te invitamos a leer: Demanda de inconstitucionalidad del correísmo por las unidades anticorrupción ya tiene jueza

El operativo tuvo su episodio más sonado el 12 de agosto, cuando el presidente Daniel Noboa encabezó una manifestación contra la Corte. Los rostros y nombres de los nueve jueces fueron exhibidos en grandes vallas móviles, con una estética perversa, semejante a avisos de personas buscadas y mensajes acusatorios. 

El informe considera especialmente grave que esto ocurriera mientras se modificaban los protocolos de seguridad de los magistrados y se retiraban barreras de protección alrededor de la Corte. Además, se desplegaron vehículos blindados militares en sus inmediaciones. La forma en que se exponen estos hechos hace pensar que en Ecuador se vive bajo un burdo autoritarismo seudodictatorial.

El informe identifica cinco mecanismos que, según sus autores, se utilizaron contra la Corte. Todos y cada uno de ellos son considerados burdos actos autoritarios. 

Estos cinco mecanismos son: 

La frase del presidente Daniel Noboa que recoge el informe de NYU es particularmente significativa: “No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas...”. Una frase que refleja los delirios de una persona que piensa que, por encima del Estado de derecho y la legitimidad institucional, está el deseo de una supuesta mayoría o de un fin supremo que solo él personifica.

Uno de los elementos más contundentes del informe es la secuencia que ahí se expone. El 4 de agosto de 2025, la Corte suspendió provisionalmente disposiciones de las leyes de Integridad Pública, Inteligencia y Solidaridad Nacional. Inmediatamente después se produjo una escalada de ataques oficiales. El informe señala que funcionarios calificaron a la Corte de “enemiga del pueblo”, lo cual es impresentable en cualquier democracia.

El 12 de agosto, Noboa encabezó la marcha, aparecieron las vallas con las fotografías de los jueces y, paralelamente, surgieron propuestas para someterlos a juicio político, auditorías de la Contraloría y actuaciones administrativas sobre la sede de la Corte.

Pero el informe no se queda en los actos visibles del Gobierno, sino que señala una campaña comunicacional organizada, ya que hubo toda una operación mediática para desprestigiar a los jueces. El informe documenta que después de decisiones desfavorables al Gobierno, la Contraloría (organismo controlado por el Ejecutivo) inició en enero de 2026 exámenes sobre las declaraciones patrimoniales de seis jueces constitucionales. Dos de esos exámenes terminaron siendo enviados a Fiscalía y dieron paso a investigaciones previas por presunto enriquecimiento ilícito contra Alí Lozada y José Luis Terán.

NYU subraya que ambos habían sido ponentes en decisiones que invalidaron legislación impulsada por el Gobierno. La cuestión que plantea el informe no es que una investigación patrimonial sea necesariamente ilegítima. Su preocupación es el patrón y el momento en que se producen las investigaciones, especialmente cuando afectan a jueces que han dictado decisiones contrarias al Ejecutivo.

El intento de juzgar políticamente a los jueces

Pero si todo lo anterior debería avergonzar a quienes participaron o idearon el operativo, el informe de NYU destaca algo mucho más grave: el intento del Gobierno de cambiar las reglas de juego. Este es, quizá, el aspecto institucionalmente más contundente. En agosto de 2025, Noboa propuso permitir que los jueces constitucionales fueran sometidos a juicio político por la Asamblea Nacional.

El problema de esto, dicen los autores del informe, es que la Constitución establece expresamente que los jueces de la Corte Constitucional no están sujetos a juicio político, ni pueden ser removidos por quienes los designaron. La propuesta habría trasladado el control sobre la permanencia de los jueces desde el régimen constitucional especial hacia un órgano político. La propia Corte determinó que esa modificación no podía tramitarse mediante la vía de enmienda planteada por el Ejecutivo.

NYU también ha documentado casos en los que intentos de los gobiernos autoritarios buscan poner fin a la independencia judicial en otros países. En México estudió la reforma que politizó la selección de jueces; en Guatemala, la presión sobre la Fiscalía; en Georgia, la concentración del poder; y en Hungría, el debilitamiento de instituciones y medios independientes.

Te invitamos a leer: Corte Constitucional advierte de "presiones" tras señalamiento a jueces

El estudio no describe simplemente una pugna entre Noboa y nueve jueces. Está documentando una secuencia en la que, cada vez que la Corte utiliza su poder legal y constitucional para poner límites al Ejecutivo, aparecen distintas formas de presión: primero, el ataque público; después, la exposición personal de los jueces; luego, iniciativas para quitarles poder; posteriormente, auditorías e investigaciones penales; y, finalmente, mecanismos administrativos capaces de afectar el funcionamiento de la institución.