Impedimento de ingreso y nuevo intento de RC por fiscalizar a la Judicatura: esto pasó en comisión

La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional inició un nuevo intento por fiscalizar al Consejo de la Judicatura. Esta vez, la investigación se centrará en el rol del órgano administrativo de la Función Judicial en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí.

La nueva fiscalización se enfocará en el “ejercicio de las atribuciones administrativas, de vigilancia, evaluación y disciplina” del Consejo de la Judicatura. 

También indagará sobre los mecanismos institucionales destinados a garantizar la independencia interna y externa de los jueces en las tres provincias.

Hay que recordar que la Comisión de Garantías Constitucionales está bajo el control del correísmo. La decisión de iniciar la fiscalización se tomó por unanimidad. Entre las acciones previstas está convocar a la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, y a los vocales del organismo.

La resolución señala que “el objeto será examinar en las tres provincias la existencia, suficiencia y la aplicación efectiva de mecanismos destinados a prevenir posibles interferencias, presiones o injerencias indebidas”.

Además, la resolución establece un plazo para que el Consejo de la Judicatura remita la información solicitada sobre las tres provincias. Entre los requerimientos consta el detalle de los procedimientos disciplinarios iniciados contra los jueces.

Un segundo intento por fiscalizar a la Judicatura

La Comisión de Garantías Constitucionales ya intentó fiscalizar al Consejo de la Judicatura, pero entonces el proceso se centró en la decisión de suprimir la Unidad Especializada Anticorrupción. Sin embargo, el oficialismo asumió el control de esa fiscalización mediante una resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea.

Dicha resolución determinó que el caso debía pasar a la Comisión de Justicia, donde ADN tiene mayoría. Finalmente, esa instancia eximió de responsabilidades al Consejo de la Judicatura, presidido por Mercedes Caicedo, y elaboró un informe a partir de una respuesta escrita del organismo. El documento está pendiente de tratamiento en el Pleno.

Denuncias sobre impedimentos para el abogado de Aquiles Álvarez

La sesión en la que se definió el proceso de fiscalización comenzó con una polémica. Julio César Cueva, abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue invitado a la comisión. Sin embargo, la Escolta Legislativa puso reparos a su ingreso porque “aún no estaba autorizado”.

El policía que integra la Escolta Legislativa explicó que existe un procedimiento de control y que la autorización de ingreso no había llegado hasta el momento en que se produjo el incidente.

Finalmente, Cueva asistió a la sesión de la comisión y expuso presuntas irregularidades en el caso de su defendido. Sostuvo que la independencia judicial no existía y se refirió a los audios atribuidos a jueces del caso Grillete, que circularon semanas atrás.

Entre sus cuestionamientos señaló que las causas relacionadas con Álvarez han tenido resoluciones en tiempo récord. Afirmó que, en uno de los procesos, la formulación de cargos se produjo en menos de siete días.

Sobre los audios, Cueva aseguró que los hechos mencionados en las grabaciones pueden contrastarse con lo ocurrido durante la resolución del caso. 

Se refirió a una conversación difundida por el medio La Defensa, supuestamente entre jueces del tribunal que conoció la apelación del alcalde Aquiles Álvarez. A criterio del abogado, el audio revelaría presuntas anomalías, la redacción externa de fallos judiciales y la participación simultánea de una jueza en dos diligencias.

Finalmente, Cueva reveló que no ha presentado quejas administrativas ante el Consejo de la Judicatura porque considera que serían archivadas. Además, anunció que presentará una denuncia penal por los presuntos delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita.