ADN se juega por la Judicatura de Caicedo y avala supresión de unidades anticorrupción en informe

Para el oficialismo en la Asamblea Nacional, la respuesta escrita del Consejo de la Judicatura sobre la supresión de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado fue suficiente para elaborar el informe de fiscalización que el Pleno encargó a la Comisión de Justicia.

Para las 19:00 de este 8 de octubre de 2026, la Comisión de Justicia, presidida por la gobiernista Rosa Torres, tiene previsto tratar el informe borrador en el que se establece que: “la reorganización dispuesta no establece expresamente la eliminación de la competencia especializada prevista en el artículo 230.1 del Código Orgánico de la Función Judicial”.

Eso, según el informe borrador elaborado por la comisión, significa que “la resolución (de la Judicatura) mantiene la asignación de las materias relacionadas con corrupción y crimen organizado a las dependencias y juzgadores a quienes se atribuye dicha competencia, conservando su alcance territorial a nivel nacional”.

Sin comparecencias ni más sesiones

El proceso de fiscalización sobre la Unidad Especializada Anticorrupción recayó en la Comisión de Justicia por decisión de la mayoría del Pleno. Fue parte de una jugada política en la que ADN asumió la fiscalización luego de que la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, ya había iniciado su propio proceso e, incluso, había convocado a la presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo.

Al final, hubo una sola sesión de la Comisión de Justicia para avocar conocimiento del mandato del Pleno y acordar la información que sería solicitada. Dicha sesión tuvo lugar el pasado 24 de septiembre y fue presidida por el vicepresidente de la mesa, exPachakutik y ahora aliado de ADN, Fernando Nantipia.

Desde entonces, no se convocó a otra sesión. Ninguna autoridad del Consejo de la Judicatura asistió a la Comisión de Justicia y tampoco fueron llamados expertos para aportar en la discusión sobre las implicaciones de la decisión.

La asambleísta del correísmo Gabriela Molina, quien es parte de esa mesa legislativa, señaló que el informe era “una burla para el país.” Agregó: “para ellos todo está bien, pese a que la ley (COIP) establece la competencia para sustanciar ciertos delitos, por parte de jueces anticorrupción, una simple resolución eliminó una disposición legal”.

En el mismo sentido se pronunció el asambleísta del Partido Social Cristiano Alfredo Serrano. Dijo que el oficialismo en la Asamblea ya no guarda ni las formas. “Una sesión para avocar conocimiento y la segunda para aprobar el informe. Nunca se habían hecho las cosas de forma tan descarada”, manifestó.

¿Qué recomienda el informe?

En lo esencial, el documento elaborado por la Comisión de Justicia no recomienda ninguna acción frente a la decisión de la Judicatura. Plantea lo siguiente: