Guías penitenciarios demandan al Estado: ¿qué buscan con la nueva acción de protección?

La Asociación de Servidores Penitenciarios (Asoserpen) presentó este 20 de julio una acción de protección para denunciar la presunta vulneración de derechos laborales de los agentes de seguridad penitenciaria. El proceso ya fue sorteado y será conocido por la jueza Alba Esmeralda Paladines Salvador, de la Unidad Judicial Especializada de Tránsito con competencia en infracciones flagrantes y no flagrantes del Distrito Metropolitano de Quito.

La audiencia fue convocada para el 7 de agosto de 2026, a las 11:00, dentro de una demanda que, según explicó el abogado de Asoserpen, Diego Pozo, surge por la supuesta omisión del Estado frente a problemas que, asegura, se arrastran desde hace varios años. Entre ellos figuran extensas jornadas laborales, traslados sin estudios técnicos y pagos pendientes.

"Se confirme la vulneración de los derechos de los servidores penitenciarios por omisión, porque durante todo este tiempo no se ha cancelado los valores que a ellos les corresponde".

Bandas salariales para guías penitenciarios siguen sin pagarse

Durante la rueda de prensa, Pozo recordó que en 2019 el Ministerio del Trabajo emitió la Resolución 185, tras un estudio técnico que calificó la labor de los servidores penitenciarios como penosa, peligrosa y con características distintas al resto del servicio público. A partir de ese análisis se establecieron bandas salariales con incrementos porcentuales que, según afirmó, aún no han sido canceladas.

El abogado sostuvo que los agentes penitenciarios cumplen jornadas superiores a las 12 horas y que, en algunos casos, ni siquiera disponen de tiempo suficiente para alimentarse durante el trabajo. A esto, dijo, se suman traslados a otras provincias sin estudios técnicos que consideren la situación familiar o económica de los funcionarios.

"Los servidores penitenciarios cumplen una jornada de más de 12 horas (...) en ciertos casos no tienen espacio ni siquiera para ir a alimentarse".

Pozo añadió que existen servidores que son madres o padres cabeza de hogar, así como funcionarios responsables del cuidado de personas con discapacidad, quienes deben asumir gastos de vivienda y alimentación cuando son trasladados sin recibir compensaciones adicionales.

Asoserpen dice que el problema va más allá del dinero

Aunque uno de los reclamos apunta al pago de valores pendientes desde 2019, el representante legal de Asoserpen aseguró que la acción de protección no busca únicamente una reparación económica. Explicó que también pretende que se establezcan condiciones laborales que eviten la repetición de los problemas denunciados.

Según indicó, el objetivo es que las autoridades adopten reglas claras sobre jornadas laborales, traslados y reconocimiento de los derechos de quienes trabajan en los centros de privación de libertad. Afirmó que las actuales condiciones exponen permanentemente a los funcionarios penitenciarios.

"No tanto el tema económico, sino que también que se tomen reglas claras y den mejores condiciones laborales a todos los servidores penitenciarios".

Pozo señaló que los agentes han asumido riesgos constantes dentro de las cárceles y que algunos incluso han perdido la vida durante el ejercicio de sus funciones, por lo que considera necesario que el Estado garantice condiciones dignas para el desempeño de su trabajo.

Asoserpen denuncia incumplimiento de un hábeas corpus favorable

El abogado recordó que anteriormente los servidores penitenciarios obtuvieron una sentencia favorable dentro de un hábeas corpus presentado tras los secuestros ocurridos en las cárceles durante la crisis penitenciaria. Según explicó, esa decisión fue apelada por el entonces SNAI, pero la Corte Provincial ratificó el fallo.

De acuerdo con Pozo, pese a esa resolución judicial, las medidas ordenadas aún no se han ejecutado. Entre ellas mencionó atención psicológica y médica para los funcionarios afectados, mejoras en las condiciones laborales, revisión de jornadas de trabajo, cumplimiento de las bandas salariales y que los traslados se realicen únicamente con informes técnicos.

"Hasta la fecha, hasta la actualidad, el SNAI no ha cumplido".

El abogado también recordó que el caso llegó en su momento al sistema interamericano de derechos humanos. Sin embargo, explicó que, tras obtener un fallo favorable en Ecuador mediante el hábeas corpus, el proceso internacional no tuvo continuidad mientras se esperaba el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la justicia ecuatoriana.