CASO GRANASA
¿Por qué EXPRESO cierra su edición impresa? Un repaso por el hostigamiento estatal a GRANASA
EXPRESO suspende su edición impresa tras meses de presiones estatales. La intervención de la 'Súper' de Compañías e Inmobiliar cercó financieramente a la firma
Este 9 de octubre de 2026 circuló la última edición impresa de EXPRESO.
Lo que debes saber
- GRANASA suspende la edición impresa de Diario EXPRESO tras meses de presiones estatales.
- Informes del SRI y la UAFE presentaron graves inconsistencias numéricas y procesales.
- La intervención de la 'Súper' de Compañías e Inmobiliar cercó financieramente a la firma.
La casa editora Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA) confirmó la suspensión definitiva de la edición impresa de Diario EXPRESO en Ecuador, como desenlace de una prolongada ofensiva institucional y judicial impulsada desde el aparato gubernamental. A lo largo de 2025 y 2026, la empresa enfrentó fiscalizaciones con distorsiones contables del Servicio de Rentas Internas (SRI), indagaciones de la Fiscalía General del Estado, la UAFE y una intervención administrativa de la Superintendencia de Compañías promovida por Inmobiliar, medidas que asfixiaron sus operaciones mercantiles.
Justicia
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Richard Josue Jimenez Mora
El origen del conflicto: informes tributarios y fallas contables en el SRI
El hostigamiento administrativo inició formalmente el 8 de septiembre de 2025. En esa fecha, la Dirección Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió tres informes dirigidos a distribuidores de periódicos de la empresa editora:
- Oficios emitidos: DZ9-IDIOCDC25-00000120-M, DZ9-IDIOCDC25-00000121-M y DZ9-IDIOCDC25-00000122-M.
- Funcionaria responsable: Delegada Adriana Paola Villavicencio Páez.
- Distribuidores notificados: Edison Leonardo Barahona Salazar, Franklin Lenin Villamar Villamar y Rubén Darío Caluña Alvarado.
El análisis técnico de las notificaciones evidenció graves vicios de cálculo. En el caso del contribuyente Franklin Villamar, la administración tributaria registró una facturación de $160.365,58 y dedujo $21.514,69 por devoluciones, fijando una compra neta de $138.850,89. Sobre esta base estimó un margen de utilidad presunta del 17,67 % ($24.534,95). Sin embargo, en lugar de restar los costos de venta y gastos deducibles, la funcionaria sumó a la ganancia presunta el valor total pagado a GRANASA, elevando artificialmente el ingreso fiscal a $163.385,84.
Pese a que el SRI negó formalmente estos expedientes a la empresa editora, vulnerando su derecho a la defensa, la documentación fue filtrada a medios afines y al portal digital La Posta. Esta última plataforma pertenecía a Levascan, firma vendida previamente por un millón de dólares a Galamedios (vinculada al asambleísta alterno oficialista Luis Alvarado Campi) y traspasada luego a una compañía panameña representada por Álvaro Guivernau, cónyuge de la presidenta de la Asamblea Nacional.
Escalada policial, penal y demanda contra José Julio Neira
La ofensiva se aceleró en las semanas posteriores con la intervención de diversas entidades del Ejecutivo:
- 15 de septiembre de 2025: Un parte policial recomendó abrir investigaciones por presunto delito tributario basándose únicamente en una "revisión de redes sociales".
- 17 de septiembre de 2025: José Julio Neira Hanze, secretario de Integridad Pública y titular de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), difundió un video aludiendo al uso de distribuidores para bancarizar valores, mientras el SRI notificaba inspecciones en la sede editorial.
- 26 de septiembre de 2025: Se ejecutaron allanamientos violentos contra los distribuidores de diarios, durante los cuales agentes fiscales manifestaron a los afectados que la directriz era recabar datos para perjudicar al medio.
Frente a estas acciones, GRANASA interpuso una demanda por daño moral contra José Julio Neira Hanze, exigiendo disculpas públicas, retractación y una indemnización de un millón de dólares por el agravio reputacional ocasionado.
Justicia
"Intentan ahogar a GRANASA": abogado Eduardo Carmigniani denuncia hostigamiento legal y financiero
Richard Josue Jimenez Mora
La Fiscalía General del Estado y el uso penal de las instituciones
A la par de las presiones fiscales, la Fiscalía General del Estado abrió una indagación previa por presunta defraudación tributaria y un supuesto delito de lavado de activos. Pese a las reiteradas revisiones de la contabilidad de la casa editorial, los peritajes no hallaron indicios ni sustento técnico de irregularidades.
El presidente ejecutivo de GRANASA, Galo Martínez Leisker, compareció voluntariamente ante la Fiscalía en Quito para rendir su versión libre, ratificando la solvencia y pulcritud de las operaciones. El procurador judicial de la firma, Eduardo Carmigniani, denunció públicamente la existencia de un "hostigamiento legal y financiero" orquestado para intimidar a los anunciantes, entorpecer transacciones comerciales y forzar una toma hostil de la compañía. Entidades internacionales como Bloomberg manifestaron su preocupación por el precedente de persecución indirecta contra la prensa libre.
Carlos Cadena Asencio, liquidador de la empresa Veranera S.A., en una entrevista con el medio oficialista Altavoz.
La trama de Veranera S.A. y el bloqueo accionario
El frente societario se concentró en la disputa mercantil en torno al 40 % del paquete accionario de la compañía:
- 2014: Ingrid Martínez Leisker transfirió el 40 % de sus acciones en GRANASA a su compañía patrimonial Veranera S.A.
- Febrero de 2020: La accionista retornó dichos títulos a su patrimonio personal e inició la liquidación voluntaria de la personería jurídica.
- 27 de marzo de 2026: Ingrid Martínez comunicó formalmente la venta y transferencia definitiva de ese 40 % a José Gabriel Martínez Castro, quien asumió la titularidad legítima en las juntas generales.
- 28 de marzo de 2026: Apenas 24 horas después, el liquidador designado por la Superintendencia de Compañías, Carlos Xavier Cadena Asencio, demandó la reversión del paquete y presentó una denuncia penal por presunta asociación ilícita contra siete directivos y allegados, entre ellos Galo Martínez Leisker, Ingrid Martínez Leisker, Gabriel Martínez Castro y el jurista Eduardo Carmigniani.
Como acto de protesta pública y resistencia editorial frente a estos atropellos, la redacción de Diario EXPRESO circuló en todo el país con una histórica portada en blanco.
Ecuador
Portada en blanco de EXPRESO genera respaldo ciudadano y debate por la libertad de expresión
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Intervención administrativa de la 'Súper' de Compañías y el rol de Inmobiliar
El 18 de febrero de 2026, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros resolvió intervenir administrativamente a GRANASA. La medida fue solicitada por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), entidad adscrita a la Presidencia de la República que ostenta únicamente el 2,56 % de las acciones y mantiene litigios judiciales pendientes.
Acciones de bloqueo y obstáculos operativos
- Reclamo de honorarios: Inmobiliar argumentó un supuesto perjuicio económico de 1,6 millones de dólares por asesorías brindadas entre 2019 y 2026 para justificar su injerencia.
- Trabas inmobiliarias: La interventora designada, Flor María García Ocaña, dilató transacciones comerciales de la compañía exigiendo recaudos que por ley corresponden al comprador y no a la parte vendedora.
- Acciones judiciales: La defensa de GRANASA presentó denuncias por prevaricato contra los operadores de justicia involucrados en las medidas cautelares exprés.
Organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Fundamedios alertaron que las medidas de supervisión estatal encubren mecanismos de censura y asfixia financiera.
Tras ocho meses de intervención y continuo bloqueo administrativo, la Junta General de Accionistas del próximo 13 de octubre definirá los pasos a seguir tras la forzada eliminación de la edición impresa de Diario EXPRESO.
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