Cuatro cambios en siete meses: ¿Nuevas autoridades abonan a superar la crisis institucional?

En casi siete meses, las cabezas de cuatro instituciones clave cambiaron. Estas forman parte de tres funciones del Estado que han atravesado una crisis que no solo ha puesto en duda su accionar, sino que también ha generado cuestionamientos sobre su independencia. ¿Los cambios responden a una salida de esa crisis o son apenas un síntoma más de ella?

Una seguidilla de cambios

En noviembre de 2025, mediante un procedimiento cuestionado, Carlos Alarcón asumió como fiscal general subrogante. El Consejo de la Judicatura presidido por Mario Godoy fue clave en ese nombramiento.

Meses después, en abril de 2026, el cambio ocurrió precisamente en la Judicatura. Godoy fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional. Antes de su salida, una nueva crisis ya se había desatado en la Judicatura. Alexandra Villacís, quien debía asumir el cargo, fue impedida de hacerlo. El Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio del Trabajo jugaron un papel fundamental para evitar el relevo. Así, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) avanzó con el proceso que terminó con la designación de Mercedes Caicedo como nueva presidenta.

En la Asamblea Nacional, cuestionada durante su primer año por su sujeción al Ejecutivo, también hubo un cambio. El ahora expresidente Niels Olsen renunció al Legislativo después de ser anunciado como precandidato a las seccionales por el movimiento oficialista ADN. De esta manera, la también oficialista Mishel Mancheno asumió la presidencia.

Finalmente, el pasado 11 de junio se conformó una nueva mayoría en el Consejo Nacional Electoral (CNE). José Cabrera asumió la presidencia después de que Diana Atamaint permaneciera siete años en el cargo. El cambio ocurrió en medio de la organización las elecciones seccionales de 2026.

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¿Una salida o se agudizará la crisis?

Para el excandidato presidencial Henry Cucalón, los cambios son el resultado de un proceso sostenido de desinstitucionalización.

Cucalón establece una diferencia entre los organismos cuyas autoridades son designadas por el CPCCS y aquellos cuyos titulares llegan por decisión popular. En el primer caso, identifica un problema de origen en el propio CPCCS. A su juicio, lo que ocurre en esas entidades no implica solo un cambio de autoridades, sino, en algunos casos, un cambio “de gallada”.

Sobre el papel del CPCCS, cabe recordar que, en el caso del CNE, el Consejo de Participación ni siquiera se ha ejecutado la renovación parcial que debía realizarse tres años atrás.

En lo que respecta a la Asamblea Nacional, el exasambleísta Héctor Muñoz advierte sobre una posible nueva crisis. Si bien existe un cuestionamiento respecto a la cercanía del Legislativo con el Ejecutivo, considera que la Asamblea ha otorgado gobernabilidad. La salida de Olsen podría representar un riesgo para ese equilibrio, especialmente si a su renuncia se suma a las de otros legisladores que buscarían una dignidad en las seccionales.

Para el analista político Daniel Crespo, lo que ocurre en la Asamblea también es un síntoma de una crisis más amplia que alcanza al Ejecutivo. El experto sostiene que el Gobierno carece de cuadros políticos suficientes para afrontar las elecciones seccionales sin recurrir a las figuras de mayor representación que actualmente tiene en la Asamblea Nacional.

Un cuestionamiento que atraviesa todos los cambios tiene que ver con la supuesta injerencia del Ejecutivo en la cooptación de todos los poderes. 

Para Crespo, el tema de fondo es que el Ecuador se a acostumbrado a un modelo de gestión que impone y no dialoga. “Entendemos que la gobernabilidad pasa por la cooptación de todos los espacios y se malentiende a la oposición como un intento de no dar gobernabilidad antes que la diversidad e inclusive la confrontación de ideas de un sistema democrático saludable”.