ADN fiscalizará uso de cámaras de seguridad en Guayaquil desde comisión oficialista

El oficialismo y el correísmo pusieron los votos para que en la Asamblea Nacional se inicie un proceso de fiscalización al uso de las cámaras de Segura EP en Guayaquil. Este 17 de junio de 2026, el Pleno dio paso a una moción planteada por el legislador de ADN, Andrés Castillo.

Dicha fiscalización está relacionada con el denominado caso Porsche. En las últimas dos semanas, ese caso volvió a la discusión pública por la difusión de un audio atribuido al expresidente y sentenciado en el caso Sobornos, Rafael Correa.

En el audio se escucharía a Correa conversar con el exoficial de la Policía Nacional Rodney Rengel sobre una investigación paralela del caso realizada por el correísmo y el uso de recursos de Segura EP.

Fue el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien denunció que un Porsche Cayenne de Industrial Molinera acudió a la vivienda de la única persona que en su momento fue procesada por una explosión en la Bahía de Guayaquil. Para ello se tomó como evidencia un video captado por las cámaras de la empresa pública de seguridad del Puerto Principal.

El caso llegó a la Asamblea a raíz de una denuncia presentada por el entonces jefe de la bancada correísta, Juan Andrés González. De hecho, el alcalde de Guayaquil compareció ante la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, luego de la denuncia formulada por González.

La teoría de la Revolución Ciudadana apuntaba a un supuesto autoatentado y exigía explicaciones al Gobierno sobre la presencia de ese vehículo, perteneciente al grupo Noboa.

ADN quiere concentrarse en el uso de las cámaras

Ahora, el oficialismo busca profundizar en el caso, pero desde otra perspectiva. El legislador Andrés Castillo planteó que podría configurarse una concurrencia de delitos, entre ellos peculado. 

Esto debido al presunto uso de recursos públicos para asuntos privados. Según el audio en el que hablaría Correa, se habría planteado utilizar las cámaras de seguridad para ese tipo de fines.

La discusión en el Pleno

El debate giró en torno a la presunta vulneración de los protocolos de seguridad y al uso de este sistema de videovigilancia para fines de “espionaje político”. Castillo, proponente de la moción, denunció la existencia de audios en los que se planificaba intervenir las cámaras de seguridad para espiar a ciudadanos y difundir esa información en medios públicos.

Sostuvo que se utilizaron recursos del Estado, incluidos asesores jurídicos de la Asamblea Nacional, para fines particulares y actos presuntamente delictivos.

Juan González (RC), quien aparentemente es una de las personas que aparecen en los audios, calificó la denuncia del Gobierno como una táctica de un "gobierno acorralado" para desviar la atención del denominado "caso Porsche". 

Explicó que su solicitud de videos a Segura EP fue un acto legítimo de fiscalización relacionado con una explosión ocurrida en la Bahía de Guayaquil en septiembre de 2025.

¿Qué dice la resolución?

La fiscalización estará a cargo de la Comisión de Seguridad, donde ADN tiene mayoría. El objetivo será conocer, analizar y dar seguimiento a los hechos relacionados con las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP.

Asimismo, la comisión podrá requerir información, documentación e informes técnicos, así como disponer la comparecencia de autoridades y servidores públicos.

Para la presentación de un informe, la Comisión de Seguridad tendrá un plazo de 60 días.