Correísmo solicita información sobre la cárcel del Encuentro: estos son los documentos que exige

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Liliana Durán, presentó un requerimiento formal de información dirigido a las instituciones responsables de la Cárcel del Encuentro, con el fin de obtener documentación sobre la construcción, contratación, operación y condiciones actuales del centro penitenciario. El oficio fue emitido el 11 de julio de 2026 como parte de sus facultades de fiscalización.

El pedido plantea la entrega de información relacionada con la ejecución física y financiera de la obra, los contratos suscritos, los costos finales, los cambios realizados durante la construcción y el estado de los trabajos pendientes. Además, solicita verificar si la infraestructura fue habilitada cumpliendo los requisitos técnicos y legales antes de entrar en funcionamiento.

Al anunciar la solicitud en su cuenta de X, Durán cuestionó la falta de información pública sobre el proyecto. "La 'Cárcel del Encuentro' fue presentada como el gran símbolo de la política de seguridad del Gobierno. Hoy acumula más preguntas que respuestas", escribió la legisladora al informar sobre el inicio del proceso de fiscalización.

¿Qué información pide la Asamblea sobre la Cárcel del Encuentro?

Dentro del requerimiento, la legisladora solicita la certificación oficial del acta de entrega-recepción de la obra, el detalle de la liquidación económica y financiera del proyecto, así como el historial de modificaciones contractuales, reajustes de precios, contratos complementarios y posibles sanciones por retrasos en la ejecución.

También requiere el cronograma comparativo entre los plazos originales y los realmente ejecutados, junto con un informe que identifique las obras aún pendientes, como vías de acceso, cerramientos, sistemas hidráulicos, redes eléctricas, telecomunicaciones y otros componentes que todavía no habrían concluido.

En materia de contratación pública, el oficio pide copia íntegra de los contratos de ejecución y fiscalización, precisando que cualquier reserva de información se limite únicamente a aspectos relacionados con seguridad, mientras que la documentación administrativa y presupuestaria sea entregada por tratarse de información de carácter público.

Habitabilidad, salud y derechos humanos entre los ejes del pedido

El requerimiento también incluye los actos administrativos que autorizaron el paso de la fase de construcción a la operación penitenciaria, así como los informes técnicos que respaldaron el ingreso de personas privadas de libertad antes de la culminación total de la infraestructura.

Además, solicita reportes sobre la disponibilidad de agua potable, funcionamiento del sistema de saneamiento, suministro eléctrico, atención médica, abastecimiento de medicamentos, alimentación, condiciones de habitabilidad y evaluaciones sobre riesgos y cumplimiento de estándares de derechos humanos desde el inicio de operaciones del complejo.

En el ámbito sanitario, la documentación requerida comprende estadísticas sobre hospitalizaciones, enfermedades detectadas, inventario de personal de salud. Asimismo, se piden informes sobre fallecimientos ocurridos dentro del centro penitenciario, con sus respectivas causas, investigaciones y protocolos aplicados.

Fiscalización también apunta a seguridad y manejo de recursos públicos

El oficio incorpora un pedido de información sobre los contratos del servicio de alimentación, incluyendo la empresa proveedora, el número de raciones entregadas, costos unitarios, controles de calidad y antecedentes contractuales desde que el centro comenzó a operar.

Igualmente, solicita reportes relacionados con inspecciones de organismos de derechos humanos, observaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo y los planes implementados por las autoridades para atender dichas recomendaciones dentro del establecimiento penitenciario.

Al justificar la solicitud, Durán sostuvo en redes sociales: "Cuando una obra pública se maneja con opacidad, la fiscalización no es una opción: es una obligación. Los ecuatorianos tienen derecho a saber la verdad". Según el documento, la información deberá ser entregada de forma completa y documentada en un plazo máximo de diez días.