sistema de salud pública
El correísmo cuestiona contrato de digitalización en salud y pide inconstitucionalidad en la Corte
La asambleísta de la Revolución Ciudadana Eliana Correa presentó una acción pública de inconstitucionalidad. Solicitó la suspensión provisional del Decreto 461
Eliana Correa (centro) impulsa la acción ante la Corte Constitucional por el Decreto Ejecutivo 461.
El correísmo llevó a la Corte Constitucional el Decreto Ejecutivo 461, con el que se reformó el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
La bancada legislativa cuestiona una disposición transitoria que establece que, en contratos relacionados con telecomunicaciones, no es exigible la presentación de las garantías de fiel cumplimiento ni de buen uso del anticipo.
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Eliana Correa, asambleísta de la Revolución Ciudadana, presentó el recurso este 27 de agosto de 2026. Llegó acompañada de otros legisladores de su bancada y planteó que la acción tiene tres pedidos:
- Admitir a trámite la acción de inconstitucionalidad.
- Suspender de forma provisional el decreto mientras se resuelve la acción.
- Declarar la inconstitucionalidad de dicho decreto.
“Esta disposición elimina la obligación de presentar las garantías, tanto del fiel cumplimiento como del buen uso del anticipo y del respaldo técnico para las empresas públicas del sector de telecomunicaciones”, dijo Correa.
El principal cuestionamiento tiene que ver con que se adoptó esa decisión sin establecer ninguna condición para ese tipo de acuerdos. “No importa el monto o si hay anticipo de por medio; no importa el riesgo”, dijo la legisladora.
También agregó que un pronunciamiento de la Corte Constitucional es urgente, teniendo en cuenta que se pueden firmar contratos y, en casos en los que estos sean perjudiciales, sería muy difícil “revertir el daño”.
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¿Cuál es la motivación del bloque correísta?
Los asambleístas de la Revolución Ciudadana anunciaron semanas atrás el inicio de una fiscalización a propósito de un contrato que se prepara en el ámbito de la salud. El mismo tendría como objetivo un proceso de digitalización en esa área.
“Estamos a la puerta de un proceso de contratación opaco, prácticamente dirigido y, de lo que conocemos, muy hecho a la medida. Un contrato por 240 millones de dólares asociado a la empresa Dedalus”, señaló Correa.
Según la asambleísta, el objetivo no es parar ningún proceso de contratación, sino garantizar el buen uso de los recursos públicos por parte del Gobierno Nacional.
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