Contraloría mantiene oculto el año de las declaraciones: impide rastrear riquezas de funcionarios

Aunque el portal de la Contraloría General del Estado (CGE) volvió a estar disponible tras los fallos registrados en días anteriores por un supuesto ataque informático, el acceso a la información pública no ha sido restituido en su totalidad y su titular, Xavier Mauricio Torres Maldonado, quien asumió el cargo con un discurso de transparencia, no ha dado la cara a pedidos de entrevista de EXPRESO.

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El 20 de abril pasado, la institución implementó varias restricciones en el sitio de consulta de las declaraciones juramentadas de bienes de los funcionarios públicos, es decir, información pública. Ante la presión de la sociedad civil, la entidad cedió, pero a medias: retiró la marca de agua que hacía casi imposible leer los montos de los bienes y desbloqueó el desglose de las propiedades. 

Sin embargo, hasta la tarde de este 24 de abril se mantiene oculto el año al que corresponden las declaraciones y las fechas de ingreso y de salida del cargo que ocupó el servidor público. Esto era visible hasta hace unas semanas.

Otro de los principales obstáculos es que los ciudadanos deben seguir ingresando información personal para acceder a los datos, un requisito que antes no existía en este sistema de consulta pública.

Sin fechas, no hay trazabilidad del patrimonio

La falta de estos datos impide realizar un seguimiento adecuado del patrimonio de los servidores públicos. El año de cada declaración es un elemento esencial para identificar variaciones en los bienes declarados a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, si un funcionario inicia su gestión con un patrimonio de $ 200 mil y la concluye con $ 1,5 millones, ese incremento solo puede ser identificado como una alerta si se conoce con precisión cuándo fueron presentadas esas declaraciones.

Sin esa referencia temporal, el análisis se vuelve incompleto. La información pierde contexto y limita la posibilidad de detectar posibles irregularidades o incrementos injustificados.

Un impacto directo en la transparencia

Estos vacíos generan una afectación directa a la transparencia, a la contraloría social, como lo definen organizaciones que promueven la fiscalización del poder público.

En la última década, se han registrado varios intentos por restringir el acceso a este tipo de información pública. La situación actual se suma a ese historial y vuelve a colocar en debate el alcance real del acceso ciudadano a los datos de los funcionarios, quienes sí deben estar en el foco del escrutinio ciudadano.

Las limitaciones no solo afectan a los ciudadanos en general, sino también al periodismo de investigación y a los activistas que realizan seguimiento al uso de recursos públicos.

Este escenario cobra mayor relevancia en contextos clave, como los procesos de selección de autoridades. Actualmente, por ejemplo, está en marcha la designación del Fiscal General del Estado, y en los próximos meses se desarrollarán procesos para elegir autoridades seccionales.