Carlos Alarcón y el concurso para fiscal: cinco momentos que revelan la trampa perfecta

Aunque la frase se ha convertido en uno de los lugares comunes más burdamente usados en los últimos 30 años (Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez, se publicó en 1981), lo que está ocurriendo en el concurso para nombrar fiscal parece ser la antesala de la crónica de una trampa anunciada. 

Todo lo que ha ocurrido desde el 12 de febrero, cuando se abrió el concurso, ha sido pensado y articulado para que Carlos Alarcón, el fiscal de bolsillo del Gobierno de Daniel Noboa, permanezca en el cargo al que llegó de forma ilegal porque, en realidad, es el suplente del suplente y fue ratificado para instalarse en el cargo por el Consejo de la Judicatura, que no tiene la facultad para hacerlo. 

Legalmente, el organismo que podía nombrarlo es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre las demandas en contra de ese nombramiento durante ya casi un año, tiempo durante el cual el presidente Noboa ha estado inmensamente complacido.

Todo lo que ha hecho Alarcón desde el 3 de octubre de 2025, cuando asumió el cargo tras la renuncia de Wilson Toainga (suplente de Diana Salazar, ahora embajadora en Buenos Aires), ha estado en perfecta consonancia con la agenda política del Ejecutivo. Desde que asumió el cargo, Alarcón se inclinó a favor de los intereses de Noboa. Lo hizo en el caso Nene, que fue para perjudicar al hijo de su exvicepresidenta y adversaria Verónica Abad. 

Un fiscal inclinado a las causas del Gobierno

Lo hizo en el caso de Seguros de Petroecuador, para perseguir y destruir financieramente a la familia de su exesposa, Gabriela Goldbaum. Lo hizo en el caso Triple A, para perjudicar al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Y lo hizo con el archivo exprés de la denuncia de Yaku Pérez según la cual Noboa y su esposa, Lavinia Valbonesi, estaban devolviendo favores a la empresa minera Dundee Precious Metals. 

Pero a esta ya tenebrosa lista de favores hay que agregar que nunca investigó las terribles denuncias en contra de Mario Godoy, el expresidente del Consejo de la Judicatura que lo nombró, dentro del caso de las amenazas de un narcotraficante serbio al juez anticorrupción Carlos Serrano. Y, como si fuera poco, también dejó convenientemente fuera de la acusación fiscal por el negociado de Progen a los dos exministros de Energía que perfeccionaron el escándalo: Roberto Luque e Inés Manzano.

El último episodio que hace que el concurso para nombrar fiscal que lleva adelante el CPCCS huela a trampa y fraude es la reciente y sospechosísima descalificación de las dos candidatas que tenían mejores calificaciones que él: Daniella Camacho, que obtuvo 48 de 50 puntos, e Inés Romero, que tuvo 47,5 de 50 puntos. Alarcón, que según quienes han seguido sus actuaciones es un fiscal al que le cuesta muelas sostener una acusación coherente, tenía 46,5, aunque realmente debería haber tenido apenas 40, pero subió de calificación por una decisión por demás curiosa e inédita de la comisión evaluadora, que le otorgó un ‘bono’ de 6,5 puntos. Ni con esa ayuda le alcanzaba a Alarcón para ser el mejor puntuado.

Y como no alcanzaba, esta recalificación fue seguida por una segunda anomalía: el concurso se estancó durante meses. La falta de acuerdo en el CPCCS y los cuestionamientos a las recalificaciones impidieron avanzar con normalidad, y esa demora tuvo una consecuencia concreta: Alarcón permaneció como fiscal general encargado, trabajando a tiempo completo en beneficio del Gobierno.

Pero el giro definitivo ocurrió en octubre. Antes de las impugnaciones, Camacho e Inés Romero ocupaban los dos primeros lugares y Alarcón era tercero. Después de la fase de impugnaciones, Camacho y Romero quedaron fuera. También salió Walter Macías, que estaba entre los cuatro mejor puntuados. Alarcón, para sorpresa de nadie, siguió dentro del concurso.

Para colmo, la impugnación que hubo en su contra terminó, ¡oh, sorpresa!, archivada. Ahora quedan solamente cinco aspirantes, y Alarcón encabeza provisionalmente la lista con sus 46,5 puntos. La decisión, sin embargo, todavía no es definitiva porque las candidatas descalificadas pueden apelar ante el Pleno del CPCCS, aunque ese organismo está cooptado por el Gobierno y hará lo que este le pida.

Prohibido olvidar: hay al menos cinco momentos que demuestran que si Alarcón es nombrado finalmente fiscal, es porque todo estuvo organizado para que él gane, porque eso le conviene al Gobierno. Veamos los cinco momentos.

Primer momento

Una calificación de méritos extraordinariamente alta que una veeduría independiente cuestionó por 6,5 puntos.

Segundo momento

Un concurso que se retrasó durante meses, mientras Alarcón permaneció como fiscal encargado. Aquí entra la Corte Constitucional, que se ha tomado un tiempo extraordinario y sospechosamente largo para tratar una demanda en contra del nombramiento del fiscal encargado.

Tercer momento

Un sistema de impugnaciones que terminó sacando del camino a quienes ocupaban los dos primeros lugares: Daniella Camacho e Inés Romero.

Cuarto momento

La situación particular de Alarcón, cuya única impugnación admitida terminó archivándose por una oportunísima inasistencia del impugnante.

Quinto momento

El resultado final, pues de los cuatro candidatos que inicialmente encabezaban la tabla de méritos, tres quedaron fuera y uno (Alarcón) permanece en carrera y pasó a encabezarla.

Entonces, si se parece a un pato, camina como un pato y hace como un pato, ¿acaso no es un pato?