Concluyen audiencias de impugnación en concurso para fiscal general: ¿cuándo habrá una resolución?

La fase de audiencias públicas de impugnación ciudadana contra los aspirantes a fiscal general del Estado concluyó este 1 de octubre de 2026 en Ecuador, con la intervención de la defensa de Hamilton Rickard Taramuel. El ciudadano, quien objetó a cuatro postulantes al máximo cargo de la Fiscalía General del Estado, actuó únicamente a través de su abogada patrocinadora durante las jornadas desarrolladas entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, en las cuales los postulantes rechazaron los cuestionamientos y justificaron sus actuaciones previas.

El rol de Hamilton Taramuel en el proceso de designación

Hamilton Rickard Taramuel concentró la atención pública tras interponer recursos contra cuatro participantes del concurso público. Durante las comparecencias, estuvo representado formalmente por la abogada María Gabriela Sierra, quien acreditó su comparecencia mediante la documentación respectiva. Taramuel no se presentó a lo largo de las sesiones ni se aportaron mayores detalles sobre su persona.

Descargos y argumentos presentados por los postulantes

Las objeciones planteadas por la defensa de Taramuel abordaron supuestas faltas de probidad e idoneidad derivadas de litigios y actuaciones de los aspirantes en años anteriores.

La defensa de Salomón Alejandro Montecé por una ausencia judicial

La acusación contra Salomón Alejandro Montecé se basó en una supuesta falta de probidad o idoneidad por negligencia profesional, tras no asistir en 2021 a una audiencia de apelación en la que ejercía como defensor público de un procesado por violencia contra la mujer. A dicha diligencia no acudieron el recurrente ni su defensa.

Montecé justificó el incidente bajo los siguientes argumentos:

Durante su intervención, Montecé también aludió al pasado judicial de Taramuel y sostuvo que la falta de probidad exige la comprobación de actos deshonestos, aspecto que, según indicó, la parte impugnante no logró demostrar.

Respuestas de Gustavo Adolfo Benítez y Sandra Patricia Morejón

En la jornada del 1 de octubre, la defensa de Taramuel cuestionó a Gustavo Adolfo Benítez Álvarez por su labor como agente fiscal en el juzgamiento de uniformados tras la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Para ello, citó un informe de la Mesa por la Verdad y la Justicia: Perseguidos Políticos, Nunca Más, el cual recomendaba investigar disciplinariamente a varios operadores judiciales.

Benítez replicó que su actuación respondió al deber legal de combatir la impunidad y defender al Estado. Afirmó que sus procedimientos estuvieron ceñidos a la Constitución, al Código Orgánico de la Función Judicial y al Código Orgánico Integral Penal, agregando que el objetor no adjuntó sentencia alguna que declare su culpabilidad penal.

Por último, Taramuel objetó a Sandra Patricia Morejón Llanos por solicitar en mayo de 2019 el archivo de una investigación por concusión, decisión que un juez observó por la presunta falta de diligencias investigativas.

Morejón rechazó el reparo explicando que la petición de archivo se fundamentó estrictamente en la ley tras determinarse que las fechas de los presuntos hechos delictivos no coincidían. Asimismo, remarcó que el juez de la causa terminó aceptando el archivo del expediente, al margen de los criterios expresados en su resolución.

¿Cuándo habrá una resolución?

Según el reglamento del concurso, concluidas las audiencias de impugnación, la Comisión Ciudadana de Selección, dentro del término de dos días, emitirá su resolución motivada individualmente y la notificará a las partes.

Luego, dentro del término de tres días contados a partir de la notificación, las partes podrán presentar la solicitud de apelación ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que tendrá el término de dos días para resolverlas en mérito de los expedientes. En caso de que una de las impugnaciones sea aceptada, el postulante quedará descalificado del concurso.

Una vez resueltas las apelaciones, el informe final de la fase de escrutinio e impugnación ciudadana será enviado, en el término de dos días, al Pleno del CPCCS para su conocimiento y para pasar a la etapa de oposición.