Comisión de Garantías Constitucionales aprueba informe para ley de mujeres rurales en Ecuador
Solo el 25 % de las unidades productivas del país están en manos femeninas, según datos analizados en el informe legislativo

Comisión de Garantías Constitucionales aprobó el informe para segundo debate de la ley sobre mujeres rurales.
Lo que debes saber
- La Asamblea Nacional avanzó con el proyecto de ley para garantizar derechos y oportunidades a las mujeres rurales en Ecuador.
- El informe alerta sobre pobreza, desigualdad y limitado acceso a tierra y educación en el campo.
- Solo el 25 % de las unidades productivas están en manos de mujeres, según datos analizados por la comisión.
La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó con nueve votos el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para Garantizar los Derechos y Promover el Empoderamiento de las Mujeres Rurales en Ecuador. La propuesta busca reconocer y proteger a un sector que sostiene gran parte de la producción agrícola y la seguridad alimentaria del país.
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El proyecto legislativo plantea convertir en política pública permanente las acciones destinadas a mujeres del campo, ante un escenario marcado por desigualdad, pobreza y violencia. La comisión sostuvo que las mujeres rurales siguen enfrentando barreras para acceder a tierra, educación, financiamiento y participación política en distintas provincias del Ecuador.
Además, el informe advierte que las crisis económicas, sociales y climáticas golpean con mayor fuerza a las mujeres que viven en zonas rurales. El documento señala que la falta de garantías estatales ha profundizado la exclusión histórica de miles de trabajadoras agrícolas, lideresas comunitarias y cuidadoras en el país.
Ley para mujeres rurales en Ecuador busca frenar desigualdad histórica
La mesa legislativa fundamentó el informe en varios artículos de la Constitución relacionados con igualdad de oportunidades, participación y no discriminación. También incorporó estándares internacionales contemplados en instrumentos como la CEDAW, la Plataforma de Acción de Beijing y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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Entre las principales conclusiones del informe consta que el Estado ecuatoriano mantiene una deuda estructural con las mujeres rurales. Según los datos analizados durante el tratamiento del proyecto, apenas el 25 % de las unidades productivas del país están en manos de mujeres, mientras persisten altos niveles de pobreza y trabajo de cuidados no remunerado.
Durante el proceso de socialización participaron organizaciones e instituciones como Conagopare, ONU Mujeres y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La comisión recogió observaciones y propuestas en distintas provincias, mediante talleres y mesas de diálogo con mujeres rurales y actores comunitarios.
Asamblea debatirá proyecto sobre derechos de mujeres rurales
El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Jaime Estrada, destacó que el proyecto fue construido a partir de recorridos territoriales y reuniones con organizaciones sociales. “Hemos visitado varias provincias, recibido recomendaciones de actores sociales y de mujeres rurales que hoy forman parte de este articulado”, afirmó durante la sesión legislativa.
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Estrada aseguró además que la normativa pretende generar cambios sostenidos en la ruralidad ecuatoriana y evitar que las acciones estatales dependan de cada gobierno de turno. “Esta ley busca mejorar sus condiciones de vida y convertir la igualdad en una política pública real para la ruralidad”, señaló el legislador.
Por su parte, el asambleísta Héctor Rodríguez, quien mocionó la aprobación del informe, sostuvo que las mujeres del campo continúan enfrentando mayores obstáculos para acceder a servicios básicos y educación. El legislador indicó que las mesas de diálogo realizadas a escala nacional evidenciaron las dificultades para superar la pobreza en las zonas rurales.
¿Qué sigue para la ley de mujeres rurales en Ecuador?
Tras la aprobación del informe en comisión, el proyecto deberá pasar al Pleno de la Asamblea Nacional para su segundo debate. La mesa legislativa recomendó que la normativa sea aprobada al considerar que representa una herramienta urgente para combatir la discriminación y ampliar derechos en el sector rural.
La propuesta apunta a fortalecer la participación económica y política de las mujeres rurales, además de impulsar medidas de protección frente a la violencia y las brechas de acceso a recursos productivos. El debate en el Pleno definirá si Ecuador avanza hacia una legislación específica para este sector históricamente relegado.