Asamblea definirá el futuro de ley que aumenta penas por reclutar menores: estos son los cambios

El oficialismo se apresta a definir el futuro de otra de sus leyes. El 29 de septiembre de 2026, el Pleno tratará en segundo y definitivo debate la Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes. Entre los cambios planteados está el incremento de penas a partir de la incorporación de un nuevo delito.

La presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, convocó al Pleno para las 10:00 del próximo martes. Tras el Himno Nacional, el segundo debate del proyecto normativo será el único punto del orden del día.

El documento llegará al Pleno luego de ser tramitado en la Comisión de Transparencia, presidida por la gobiernista Diana Jácome. El informe fue aprobado con los votos de la mayoría de ADN. También se registró la abstención de tres legisladores del correísmo.

Entre los reparos, el asambleísta Blasco Luna (RC) señaló el pasado 22 de septiembre de 2026 que los menores relacionados con el reclutamiento no deberían ser sancionados como adultos. 

El legislador sostuvo que ese cambio se introdujo justamente para el segundo informe, ya que se eliminó la posibilidad de que sean juzgados con base en el Código de la Niñez.

¿Qué plantea la nueva ley?

Primero, la normativa define el reclutamiento de menores por parte de las bandas delictivas como la “captación o vinculación a estructuras criminales con fines de instrumentalización”. 

En ese sentido, el texto establece que el reclutamiento o utilización de menores por fuerzas armadas regulares, irregulares o grupos armados pasaría a sancionarse con pena privativa de libertad de 22 a 26 años, frente a los 10 a 13 años vigentes.

También se sancionaría con pena de 22 a 26 años de cárcel a quien reclute, use o utilice menores de forma individual o como parte de una organización de delincuencia organizada o grupos armados para cometer delitos.

Protección en el entorno digital

El segundo informe también incluye reformas al Código de la Niñez relacionadas con la protección integral en el entorno digital. En este sentido, se faculta al Estado para realizar el bloqueo temporal de direcciones IP, dominios y URL con contenidos que promuevan el reclutamiento criminal.

Asimismo, se contempla la creación de mapas de riesgo en entornos escolares para priorizar recursos de intervención contra el consumo de drogas y el reclutamiento. 

Por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, se establece la obligatoriedad de expedir ordenanzas para recuperar el espacio público en los perímetros escolares, prohibiendo expresiones que hagan apología del delito o incentiven el reclutamiento.

El oficialismo requiere de 77 votos para aprobar la normativa. Con los votos de la mayoría que maneja le alcanzaría para que el proyecto de ley avance hacia el veto o la sanción por parte del Ejecutivo.

Hay que recordar que la iniciativa de esta ley fue presentada por la vicepresidenta de la República, María José Pinto, y el ministro del Interior, John Reimberg. Ambos presentaron el proyecto en el Legislativo y posteriormente fue impulsado por la bancada de ADN.