Asamblea archiva el juicio político contra Inés Manzano: estos fueron los resultados de la votación

La Asamblea Nacional archivó este viernes 31 de julio de 2026 la solicitud de juicio político impulsada por los legisladores Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

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La decisión se adoptó durante la sesión plenaria 112, luego de que el Pleno acogiera y ratificara el informe que recomendó la suspensión del trámite de enjuiciamiento político. Según se informó durante el debate, el documento concluyó que no se logró demostrar la existencia de un nexo causal ni se configuró la causal de incumplimiento de funciones establecida en el artículo 131 de la Constitución.

En la votación principal participaron 140 asambleístas. La moción para archivar la iniciativa obtuvo 81 votos afirmativos, frente a 58 votos negativos, sin abstenciones ni votos en blanco. Con ese resultado, el Parlamento alcanzó la mayoría simple requerida por la Ley Orgánica de la Función Legislativa para aprobar el archivo del proceso.

Durante la proclamación de resultados, la Secretaría informó que la propuesta presentada por el legislador José Luis Nango alcanzó el respaldo suficiente para dejar sin efecto la continuidad del juicio político contra la exfuncionaria.

La defensa del informe de archivo

Previo a la votación, el legislador, Luigi García, defendió el informe y sostuvo que, tras ocho días de sustanciación, la mesa legislativa cumplió sus atribuciones constitucionales respetando los principios de transparencia, publicidad, contradicción, legalidad y debido proceso.

García señaló que el análisis se concentró exclusivamente en la documentación incorporada al expediente. En ese sentido, indicó que los proponentes del juicio presentaron como elementos de cargo un informe de Contraloría, un informe de minoría de la Comisión de Transparencia y 23 enlaces de noticias, mientras que la defensa aportó 13 documentos y la comisión recabó pruebas adicionales para mejor resolver.

Durante su intervención sostuvo que el informe de Contraloría utilizado por la acusación no menciona expresamente a la exministra y que tampoco establece conclusiones que permitan determinar una relación directa entre las presuntas irregularidades investigadas y las actuaciones de Manzano.

Asimismo, argumentó que la comisión encontró ausencia de tipicidad y de nexo causal entre las competencias legales de la entonces ministra y los actos precontractuales, contractuales y financieros relacionados con el contrato objeto de cuestionamiento.

"La comisión y sus comisionados responden a los hechos, no a presiones políticas, no a relatos, no a TikTok, no a pósters ni mucho menos a la imaginación de unos pocos", manifestó García al concluir su exposición.

Chamba compara el caso con archivos de juicios políticos anteriores

Durante su intervención, el legislador recordó varios procesos de fiscalización ocurridos durante gobiernos anteriores y acusó al correísmo de haber bloqueado o archivado pedidos de juicio político cuando ostentaba mayoría legislativa.

Chamba mencionó que entre 2009 y 2013 varios pedidos de juicio político contra ministros de Estado fueron archivados por la entonces mayoría oficialista y aseguró que, entre 2013 y 2015, ninguna solicitud de juicio político llegó a formalizarse en la Comisión de Fiscalización presidida en ese momento por representantes de Alianza PAIS.

Posturas divididas durante el debate legislativo

Uno de los principales críticos del informe de archivo fue el legislador Alfredo Serrano, quien sostuvo que el proceso debía continuar debido a la magnitud de las irregularidades detectadas alrededor de los contratos de generación eléctrica de emergencia.

Asimismo, citó declaraciones públicas de Manzano respecto a los equipos adquiridos durante la emergencia eléctrica y mencionó informes legislativos que, a su criterio, evidenciaban posibles irregularidades en el manejo de la información entregada a los organismos de control.

"Después de este atraco, que la Asamblea Nacional concluya que no hay responsabilidad política, yo no puedo compartirlo. Por eso estoy en contra de que se archive el proceso y quiero que continúe el juicio político", manifestó.

Gallardo defendió el debido proceso y la necesidad de pruebas

La posición de Serrano fue respondida por el asambleísta Keevin Gallardo, quien respaldó el informe de la Comisión de Fiscalización y sostuvo que los juicios políticos deben respetar rigurosamente el debido proceso y las garantías constitucionales.

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El legislador sostuvo que uno de los principales problemas de la acusación fue la ausencia de pruebas que vincularan directamente a Manzano con los hechos denunciados.

A su criterio, el informe de Contraloría presentado por los proponentes no determina responsabilidades contra la exministra ni menciona actuaciones específicas que permitan atribuirle una omisión o incumplimiento de funciones.