El allanamiento a la CNEL: una campaña a todo vapor

El allanamiento a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) mostró cómo un operativo legal puede transformarse en herramienta política. La presencia del presidente Daniel Noboa y su gabinete refuerza la narrativa de lucha contra la corrupción, mientras se posiciona a la empresa como responsable de la crisis energética en un contexto electoral.

La campaña electoral con miras a las elecciones seccionales de noviembre está acelerándose y salta a la vista que el gobierno tiene a su favor una herramienta proselitista de alto poder a la que sus adversarios no pueden recurrir: los allanamientos. Esto se pudo ver el martes durante el allanamiento a las instalaciones de la CNEL, donde gran parte del gabinete, incluido el mismísimo presidente, participó en un operativo que, bajo condiciones normales, jamás habría ocurrido, mucho menos con una Fiscalía independiente e imparcial. Si bien no parece existir ilegalidad alguna en el operativo y que la desarticulación de tramas corruptas debe ser un cometido de todos, este deja algunas conclusiones.

Allanamientos mediatizados y su uso como herramienta política

Una es que en el Ecuador se están usando los allanamientos, que se supone son acciones fiscales excepcionales, como instrumento político y herramienta proselitista. Para comenzar, hay que tener en cuenta que en dicho allanamiento estuvieron presentes el presidente Daniel Noboa; el ministro del Interior, John Reimberg; la aún ministra de Energía, Inés Manzano; el secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira; y el director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Michele Sensi-Contugi. Es decir, fue casi como uno de los gabinetes itinerantes que existían en tiempos del correísmo, cuando el gabinete se reunía en lugares insólitos para granjearse popularidad.

Penalistas consultados sostienen que no existe ilegalidad o irregularidad alguna en el hecho de que tantos funcionarios participen en una acción que fue coordinada por el Ministerio del Interior. Sin embargo, muchos de esos funcionarios podían haber estado dedicados a sus tareas habituales, pero prefirieron asistir al operativo que, en realidad, fue un espectáculo, considerando su mediatización y su discurso implícito.

Que un operativo como ese haya tenido como objetivo a la CNEL también tiene un significado especial. Es un golpe mediático que posiciona en el público la idea de que ese organismo, que dirige el sector eléctrico, está lleno de corruptos y conspiradores: un excelente y oportuno mensaje en un momento en el que la crisis energética pone en alto riesgo la popularidad del gobierno y podría definir los resultados electorales. 

Los argumentos del allanamiento, que incluso pueden ser plenamente justificados, apuntan a que la CNEL es responsable de todos los males del sector energético, incluidos, por supuesto, los temidos apagones. Entonces, cuando existen antecedentes de escándalos de corrupción como los de Progen y ATM, donde los funcionarios del gobierno son los principales sospechosos de haber entregado millones de dólares del Estado a cambio de chatarra inservible, nada mejor que trasladar ese estigma a la empresa que maneja el sector eléctrico.

CNEL en el centro del relato: impacto electoral en medio de la crisis energética

Nadie duda de que, en efecto, pueda haber funcionarios corruptos y actos de corrupción, pero siempre queda la pregunta: ¿por qué aquí sí hubo allanamientos, pero ninguno en el caso de Progen o ATM? En realidad, si se hubiera aplicado la actual lógica de los allanamientos, lo normal es que habrían existido operativos en las casas de los ministros Roberto Luque e Inés Manzano. Pero no los hubo.

También el espectáculo fue perfecto para que el fiscal Carlos Alarcón haga méritos para ser el escogido en el cuestionado concurso para nuevo fiscal, que está en marcha bajo la dirección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que, como es público y notorio, es un organismo dependiente del Ejecutivo.

El caso de este allanamiento a la ecuatoriana no es, ni de lejos, original. El uso y abuso del allanamiento como herramienta política de acoso e intimidación, pero también de publicidad política, abunda en otros países. Esto se debe, básicamente, a varios efectos que producen los allanamientos en la psiquis colectiva. Está, por ejemplo, la visibilidad de estos actos: ver a la policía, a fiscales y a funcionarios entrar a una casa genera un impacto mediático muy fuerte y, muchas veces, ese impacto se traduce en simpatías, porque se genera una ilusión de combate al crimen.

Selectividad en los operativos y cuestionamientos a la independencia institucional

Un allanamiento, cuando es mediatizado por voluntad del poder (como en el caso de la CNEL), también crea lo que se llama una “narrativa moral”: se presenta al allanado como culpable antes del juicio. Si alguien es allanado, el público lo asocia inmediatamente con lo ilegal o criminal. Así, además, el gobierno que impulsa un allanamiento aparece como protector o justiciero. Ese parece ser, claramente, el objetivo del allanamiento a la CNEL, donde gran parte del Poder Ejecutivo se montó sobre un operativo que proyecta la imagen de un grupo de personas haciendo justicia al investigar a alguien que se supone está del lado del mal y del crimen.

Esto de usar los allanamientos como espectáculos políticos fue común, por ejemplo, en la Venezuela de Nicolás Maduro. En ese régimen, los allanamientos se presentaban como golpes contra “terroristas” o “conspiradores”, y la narrativa del gobierno consistía en mostrarlos como victorias del Estado. Otro país donde los allanamientos han sido usados como instrumento político es El Salvador de Nayib Bukele. Allí, los operativos, ampliamente filmados y editados para construir una imagen de eficacia total contra el crimen, se convirtieron en la “especialidad de la casa”. El aparato mediático de Bukele usa drones, música y redes sociales para viralizar estas acciones y llegar a la mayor cantidad posible de personas.

Todas las características del allanamiento a la CNEL apuntan a que se trató de un acto proselitista y de propaganda política. ¿La CNEL es inocente? Puede que no, pero con lo ocurrido se trató de posicionar dos ideas: que el gobierno en pleno lucha contra la corrupción y que la crisis energética es culpa de la CNEL y no del gobierno.