Adolescentes infractores: Unicef alerta riesgos en la reforma al Código de la Niñez en la Asamblea

La propuesta para reformar el régimen de adolescentes infractores del Código de la Niñez abrió un intenso debate este jueves 9 de julio en la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional. Durante la sesión, representantes de Unicef y especialistas en justicia juvenil coincidieron en que el proyecto debe priorizar la prevención antes que el endurecimiento de las medidas penales.

El principal punto de discusión fue el proyecto que plantea ampliar los plazos de investigación, extender el internamiento preventivo y modificar las reglas para la audiencia de flagrancia cuando un adolescente sea detenido en zonas de difícil acceso, fronteras o alta mar. Los comparecientes sostuvieron que esas reformas deben analizarse a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales.

Para la delegada de UNICEF, Estefanía Chávez, el debate no puede limitarse al aumento de sanciones mientras el país enfrenta un crecimiento del reclutamiento de menores por estructuras del crimen organizado. La organización insistió en que la justicia juvenil debe mantener un enfoque restaurativo y no convertirse en una réplica del sistema penal para adultos.

UNICEF advierte riesgos de endurecer las medidas contra adolescentes infractores

Durante su exposición, la representante de UNICEF cuestionó que el proyecto no presente evidencia suficiente para justificar algunas de las reformas planteadas. Explicó que actualmente el principal problema no es la falta de normas más severas, sino la escasez de operadores especializados y policías de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) para atender casos que involucran a adolescentes.

Según Chávez, la prioridad debería centrarse en fortalecer la especialización de jueces, fiscales y policías, además de garantizar la presencia de defensores públicos y una adecuada coordinación institucional para respetar las garantías procesales de los menores durante las aprehensiones.

También alertó que ampliar el internamiento preventivo podría generar consecuencias negativas en el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los adolescentes, además de incrementar los riesgos dentro de los centros especializados.

"Lo que hoy por hoy se plantea y se aboga desde UNICEF es propender a la desjudicialización y a que la privación de libertad sea el último recurso", indicó.

El reclutamiento criminal comienza fuera del sistema penal, sostiene UNICEF

La comparecencia también puso el foco en las causas que llevan a miles de menores a ser captados por organizaciones criminales. Chávez aseguró que el abandono escolar, la falta de oportunidades y el debilitamiento de los entornos familiares facilitan el reclutamiento de niños y adolescentes.

Durante las preguntas de los legisladores, se recordó que actualmente más de 450.000 niños y adolescentes permanecen fuera del sistema educativo, una cifra que, según la representante de UNICEF, representa uno de los mayores factores de riesgo para que los menores sean incorporados por bandas delictivas.

La organización recomendó fortalecer los sistemas de alerta temprana en las escuelas, mejorar el seguimiento a estudiantes en riesgo de deserción y desarrollar políticas públicas que involucren a comunidades, familias, municipios y al Estado para reducir la vulnerabilidad frente al crimen organizado.

"Encontrarse inscrito en el sistema educativo es por sí mismo un factor protector."

Experto advierte que la reforma puede ser inconstitucional

El docente y especialista en justicia juvenil Guillermo Lara coincidió con la postura de UNICEF y aseguró que varias disposiciones del proyecto podrían entrar en conflicto con la Constitución y los convenios internacionales suscritos por Ecuador. Su análisis se centró en el aumento del internamiento preventivo, la ampliación de los tiempos de investigación y la prescripción de los delitos.

Durante su intervención explicó que la Constitución reconoce a niños y adolescentes como sujetos de atención prioritaria y establece un sistema especializado de justicia juvenil, orientado a la reintegración social antes que al castigo. En ese sentido, advirtió que trasladar la lógica del sistema penal de adultos sería contrario al interés superior del menor.

"La libertad nunca es la regla general, sino más bien la excepción a toda regla", señaló.

Lara sostuvo que duplicar el internamiento preventivo de 90 a 180 días, como plantea la propuesta, no representa una modificación menor, sino un cambio que podría vulnerar principios constitucionales como la presunción de inocencia y la excepcionalidad de la privación de libertad.

"El problema no empieza cuando el adolescente delinque"

Durante el intercambio con los legisladores, el experto afirmó que el proyecto aborda únicamente la etapa en la que un adolescente ya cometió una infracción, dejando de lado las causas estructurales que favorecen el reclutamiento por parte de organizaciones criminales.

El jurista sostuvo que el Estado debe intervenir mucho antes, garantizando educación, salud, oportunidades laborales, cultura y protección familiar en los sectores con mayor violencia. A su criterio, endurecer las sanciones no resolverá el fenómeno mientras persistan las condiciones de vulnerabilidad.

"El problema comienza desde antes, cuando el Estado incumple sus obligaciones de protección integral", señaló.

Lara también cuestionó que la iniciativa responda más a una demanda social de mano dura que a una política pública integral. Según dijo, perseguir únicamente a los adolescentes sin fortalecer la prevención deja intactas las estructuras criminales que los reclutan.

"No constituye una verdadera política pública, sino que se encajaría en lo que la doctrina ha señalado como derecho penal simbólico", indicó.

Comisión insistirá en convocar al SNAI

La sesión también estuvo marcada por la ausencia del director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), Mauricio Mayorga, quien había sido convocado para presentar observaciones técnicas al proyecto de ley.

La presidenta de la Comisión lamentó que ninguna autoridad de la institución acudiera a la comparecencia pese a haber sido notificada con anticipación. Anunció que insistirá en una nueva convocatoria para incorporar los criterios del organismo responsable de los centros de adolescentes infractores.

Con las comparecencias de UNICEF y del especialista Guillermo Lara, la Comisión continuará recopilando criterios técnicos antes de elaborar el primer informe del proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, una iniciativa que busca responder al incremento del reclutamiento de menores por organizaciones criminales, pero que enfrenta cuestionamientos por sus posibles implicaciones constitucionales y en materia de derechos humanos.