Ley contra la trata de personas: experto plantea cinco cambios al proyecto de reforma en la Asamblea

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional avanzó en el análisis del proyecto de reformas a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, una propuesta que unifica cinco iniciativas legislativas. Durante la sesión, el docente de la Pontificia Universidad Católica, Francisco Freire Segarra, presentó observaciones técnicas al texto.

Antes de la exposición, la presidenta de la comisión, Lucía Jaramillo, explicó que la reforma busca fortalecer la protección de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad frente a las redes de trata y al tráfico ilícito de migrantes. Además, señaló que la iniciativa pretende reforzar la prevención, la investigación y las sanciones contra estos delitos.

En su intervención, Freire Segarra advirtió que el proyecto requiere ajustes para garantizar mayor claridad normativa. "Es necesario incorporar mayores precisiones para evitar interpretaciones extensivas o excesivas remisiones reglamentarias", sostuvo al analizar el articulado desde la perspectiva de la técnica legislativa, la seguridad jurídica y la eficacia procesal.

Reformas a la ley contra la trata de personas: las cinco observaciones

Uno de los principales planteamientos del especialista se refiere a los artículos 1 y 2, donde se introduce el concepto de "explotación laboral estructural". Consideró que la ley debe incluir una definición expresa de ese término o remitir de forma específica al Código Orgánico Integral Penal para evitar interpretaciones ambiguas.

Respecto al artículo 5, que incorpora la definición de esclavitud moderna, Freire sostuvo que la legislación penal debe ser clara y autosuficiente. "La norma penal debe ser autosuficiente y taxativa", afirmó al recomendar eliminar remisiones genéricas y reemplazarlas por referencias concretas a instrumentos internacionales.

El académico también cuestionó la forma en que se describen las modalidades de explotación incluidas en ese mismo artículo. Explicó que el uso de conceptos sociológicos ambiguos o listas únicamente enunciativas puede generar inseguridad jurídica al momento de aplicar la norma.

Prevención digital y seguridad jurídica en el proyecto

Entre las recomendaciones adicionales, Freire planteó que la reforma a la Ley de Inquilinato se limite exclusivamente al ámbito laboral para evitar que tenga efectos fuera del objetivo de la iniciativa. También propuso revisar el alcance de esa modificación antes de su aprobación.

En materia de prevención digital, el especialista recomendó armonizar las disposiciones del proyecto con la normativa vigente sobre protección de datos personales. El objetivo es evitar contradicciones legales y facilitar la aplicación de los mecanismos preventivos contemplados en la propuesta.

Al cierre de su intervención, Francisco Freire Segarra concluyó que el proyecto constituye una herramienta necesaria para enfrentar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Sin embargo, insistió en que su impacto dependerá de que el texto definitivo incorpore precisión técnica y jurídica para garantizar su correcta aplicación.