El Derecho como tierra del más vivo

De vez en cuando un don nadie salido de quién sabe dónde puede representar al país con más exactitud y propiedad que cualquier autoridad electa, que cualquier héroe nacional, que cualquier hombre o mujer símbolo. Es el caso de José Merino, de quien lo ignoramos todo salvo que ocupa (en mala hora) el cargo de vocal suplente del Consejo Nacional Electoral, lo que significa que actúa cada vez que a alguno de los vocales titulares le da tanta vergüenza de lo que se va a decidir (siempre por órdenes de arriba) que prefiere ausentarse. A Merino nada le avergüenza. Merino es incombustible. Parece dispuesto a reemplazar a quien sea para lo que sea. Pónganle el papel y él lo firma. Es lo que ocurrió el último domingo. Merino llegó con la consigna de apoyar la ilegal y extemporánea cancelación de dos movimientos políticos, Construye y Unidad Popular, y lo hizo con tal enjundia que se convirtió en el alma de la jornada.

Aunque su argumento a favor de la eliminación de esos partidos no fue recogido en el texto de la resolución del CNE (texto que, por cierto, se dio a conocer recién ayer, tres días después, como para ajustarse a las reacciones de la opinión pública) sí fue el que se difundió ese domingo como justificación final de lo resuelto. Se trataba de un disparate jurídico (o antijurídico, en sentido estricto) tan descarado que se lo podría tomar a guasa si no fuera por la gravedad de su objeto. Reconocía Merino que el plazo para cancelar movimientos políticos (120 días antes de la convocatoria a elecciones) ya se había cumplido. Sin embargo, desvariaba, la ley que dispone ese plazo no prohíbe expresamente cancelar partidos políticos una vez cumplido el plazo.

Es el mismo argumento que usó el presidente de la Asamblea Niels Olsen para justificar alguna de las innumerables ilegalidades en las que ha incurrido su legislatura. En derecho público, decía entonces Olsen y dice ahora Merino, se puede hacer sólo lo que está permitido, es decir, lo que está escrito. Como no existe, en la ley, prohibición consignada por escrito, entonces se puede hacer lo que no está prohibido. Delirante argumento que convierte al derecho público en híbrido improbable de público y privado que autoriza a los tomadores de decisiones a hacer lo que les venga en gana.

La cosa pública: el territorio del más vivo

Y es ahí donde Merino se convierte (bien es cierto que nomás por el lapso que dura esta noticia en el candelero público) en el representante fiel del Ecuador y de la política nacional. Y de una élite política (si el concepto de élite le cuadra por algún lado, lo cual es más bien improbable salvo por el poder que ciertos representantes del lumpen como Merino son capaces de ejercer sobre los acontecimientos) que entiende la cosa pública como el territorio del más vivo. Y ejerce el Derecho como la habilidad para encontrar rodeos, interpretaciones, figuras jurídicas para salirse con la suya. Nada que tenga que ver ni remotamente con un ideal de justicia, de convivencia humana, mucho menos de bien común. El Derecho es el arte de encontrar en las leyes, retorciéndolas, la justificación de cualquier cosa, incluyendo lo más aberrante.

Estamos ante la ¿generación, estirpe, categoría?, de políticos y servidores públicos que recibieron del correísmo todas las lecciones de civismo que aprendieron en la vida. Es el nuevo país, que le dicen. Un país echado a perder, en el que los Merinos de turno dictan las reglas.