Obediencia con toga

El Gobierno envió esta semana dos mensajes que se leen como advertencias: uno del presidente a Teleamazonas y otro del ministro Reimberg a la Corte Nacional de Justicia. En apariencia son episodios distintos, un medio de comunicación y la máxima instancia judicial; pero, en el fondo responden a una misma lógica. 

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Usar el lenguaje del poder para intimidar públicamente, sea frontal o sutilmente, a aquellos que justamente no le deben obediencia al Ejecutivo. El reproche de Noboa a Teleamazonas sobre la entrevista al expresidente Hurtado, quiso empatar disparatadamente las utilidades anuales del Banco Pichincha con la línea editorial del medio, presionando la relación entre el poder y la prensa. 

El de Reimberg fue más grave, se trató de la independencia de los jueces. Son dos mensajes del poder imponiendo sometimiento, pero, uno apunta a la libertad de informar y el otro a la separación de funciones, que es el pilar más delicado de una democracia constitucional.

El contexto de lo comentado fue la investigación a ciertos magistrados por la Fiscalía, en torno a un presunto cohecho. Tras el allanamiento a uno de ellos el ministro declaró: “O se enderezan y se corrigen o van presos”. Al día siguiente, pretendió relajar la carga del tema y ubicó la frase como referida solo a jueces corruptos. El problema empieza en el lenguaje. El ministro no dijo “si se comprueba que cometieron un delito, serán procesados”, dijo “se enderezan”. 

Esa palabra la usa coloquialmente quien se cree superior de aquel a quien pretende corregir. Y ahí está el detalle, pues un ministro del Interior no es el superior de un juez. Integra el Ejecutivo y los magistrados pertenecen a la Función Judicial. En una democracia, ninguna función da instrucciones a otra sobre cómo comportarse.

Ahora bien, si el tema va en relación a lo disciplinario, anotemos que la evaluación y la sanción de los jueces no depende de un ministro, ni siquiera de ellos mismos, sino del Consejo de la Judicatura. Este es el órgano competente para el efecto, sin embargo, su autonomía real ha sido cuestionada y hoy es percibido como afín al Ejecutivo. 

Entonces, si partimos de la escasa legitimidad del Consejo, y a las encuestas me remito, la frase “o se enderezan o van presos” no es una “fantochada” sin antecedentes ni consecuencias, sino una amenaza con senda institucional libre y ya probada. Aún más, cuando un ministro anticipa que ciertos jueces “van presos”, se debe entender que está anunciando el fallo en causas todavía abiertas, y, por lo tanto, erosionando la presunción de inocencia que ampara a todos, también a los magistrados. 

Lo peor es que las palabras llegaron justo después de los allanamientos, o sea que no se leyeron como una simple reflexión sobre la corrupción judicial, sino como un mensaje claro y directo a los aún “torcidos”.

El juez sabe que la independencia judicial no se pierde solo cuando un ministro quiere “enderezar”, se pierde cuando esa presión cuenta con un órgano de control dispuesto a ejecutarla, y ahí no hay incertidumbre alguna. Una cosa es exigir cumplimiento del deber y otra, presionar el sentido de una decisión. 

Pero si el órgano llamado a garantizar la justa ubicación de los “atrevidos” sigue en “jauja”, la frontera entre ambas se borra. La independencia judicial es un pilar del sistema de justicia, basta con que la ciudadanía sospeche que un fallo responde a una advertencia del Ejecutivo para que el sistema se fracture. Si un magistrado no adapta su conducta al Derecho sino a la advertencia de un ministro tendremos una justicia torcida, o, si se quiere, una obediencia con toga.