El Gobierno de Daniel Noboa ignora las garantías judiciales básicas: juristas alertan consecuencias
Voceros del Gobierno como el secretario José Julio Neira o el ministro John Reimberg imputan delito y lanzan amenazas contra servidores judiciales
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, también ha sido cuestionado por el tratamiento que le dio al caso Malvinas, insinuando que los niños detenidos y luego asesinados habrían delinquido.
Lo que debes saber
- Voceros del Ejecutivo lanzan advertencias a jueces y señalan culpabilidades sin sentencia previa.
- Magistrados y juristas advierten que estas acusaciones amenazan la independencia judicial.
- Expertos recuerdan que sancionar sin juicio firme vulnera estándares y garantías constitucionales.
El gremio de jueces y juristas ecuatorianos alertó en agosto de 2026 sobre el riesgo que corren la presunción de inocencia y la independencia judicial en Ecuador, a raíz de declaraciones de voceros del gobierno del presidente Daniel Noboa. Las críticas surgieron tras advertencias públicas lanzadas por autoridades del Ejecutivo hacia magistrados encargados de causas penales y la atribución directa de delitos a procesados cuyos casos aún se encuentran en fase de investigación o deliberación.
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Voceros del Ejecutivo bajo la lupa por acusaciones directas
El discurso del oficialismo ha generado preocupación en el sector legal por el tono de sus declaraciones respecto a investigaciones en curso:
- John Reimberg, ministro del Interior, afirmó que “nadie ha podido desmentir la culpabilidad de los alcaldes detenidos”, pese a que la carga de la prueba recae sobre la Fiscalía, e advirtió que si los jueces no se “enderezan”, irán presos.
- José Julio Neira, secretario de la Administración Pública, tildó de “amigo de lo ajeno” al movimiento Amigo en plena etapa de investigación.
- José Julio Neira también aseveró que el alcalde Aquiles Álvarez “se financió por el contrabando de combustible”, aun cuando el caso Triple A apenas ingresó a fase de deliberación.
El ministro del Interior, John Reimebrg, tiene una campaña de revelar los nombres de jueces y fiscales que fallen a favor de criminales detenidos por la Policía.
Advertencia del gremio de magistrados y rechazo de abogados
Estas expresiones motivaron un pronunciamiento público por parte de la asociación de magistrados y jueces del país: “la independencia judicial trasciende el interés particular de quienes ejercen funciones jurisdiccionales y constituye una garantía de la ciudadanía”.
Por su parte, Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados, señaló que existen límites claros en el proceso de depuración del sistema de justicia:
- Calificó el uso del término “enderezar” hacia los magistrados como violatorio a la autonomía judicial.
- Denunció que la política gubernamental de exponer nombres y apellidos de servidores judiciales busca el escarnio público y degrada la institución.
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Eventual acceso a información privilegiada y quiebre del debido proceso
Para Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, las declaraciones reflejan un problema aún más profundo: un eventual acceso a información reservada de procesos que deben tramitarse con absoluta reserva e independencia.
Alarcón sostuvo que estas conductas constituyen “una acción indebida, reñida con la ética, con la integridad”, que vulnera:
- El debido proceso.
- La presunción de inocencia.
- El derecho a ser juzgado por una autoridad imparcial.
José Julio Neira, el secretario de la Administración Pública de Daniel Noboa, asegura que no existe persecución política desde el Gobierno Nacional.
La postura que justifica los sealamientos al sistema de justicia
Una postura distinta sostiene el jurista André Santos, quien defiende que los sealamientos de las autoridades no son casuales sino una respuesta fundamentada ante el deterioro del sistema penal:
- Sostuvo que la Función Judicial fomenta un alto nivel de impunidad que afecta el trabajo de la Policía Nacional.
- Detalló que, durante el 2025, de un total de 71.000 detenidos, más de 64.000 obtuvieron la libertad mediante medidas sustitutivas.
- Señaló que existen múltiples alcaldes procesados por delitos graves de corrupción y vínculos con el crimen organizado.
- Argumentó que en estos casos existe materialidad, perjuicio al Estado y elementos claros de responsabilidad, concluyendo: “Si son culpables o no se demostrará en su juicio”.
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Estándares internacionales y el riesgo de sanciones al Estado
El constitucionalista José Chalco remarcó que el principio de presunción de inocencia está resguardado por estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los cuales obligan a las autoridades a aplicarlo en su máxima expresión.
Chalco advirtió sobre las consecuencias de omitir estos principios:
- Declarar culpable a un procesado por anticipado no fortalece la justicia, sino que la degrada.
- El incumplimiento de estos estándares internacionales vacía de contenido las garantías constitucionales.
- Cuando el Estado incurre en estas faltas, termina pagando indemnizaciones millonarias con recursos públicos por haber vulnerado el Estado de Derecho.
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