El precio de la confianza

El jefe de Gobierno español acumula un número elevado de investigaciones judiciales y condenas que afectan a su entorno político y familiar. José Luis Ábalos, quien fue colaborador político de Pedro Sánchez, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, fue condenado a 24 años y tres meses de prisión por corrupción en el caso Koldo. Su exasesor, Koldo García, recibió una condena de 19 años y ocho meses. Pedro Sánchez, en cambio, no está procesado penalmente. 

A ello se suma la investigación contra Santos Cerdán, sucesor de Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE y uno de los dirigentes más próximos al presidente en los últimos años. Paralelamente, su esposa, Begoña Gómez, afronta un proceso por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y otras conductas objeto de investigación. Su hermano, David Sánchez, enfrenta una investigación por un presunto nombramiento irregular en la administración pública. Cada uno de estos procesos es jurídicamente independiente. Ninguno permite, por sí solo, atribuir responsabilidad penal al presidente. Ese principio constituye una de las bases del Estado de derecho y debe preservarse incluso cuando resulte políticamente incómodo. 

Un gobernante responde por aquellos en quienes confía

Pero la responsabilidad política responde a una lógica distinta. En democracia, los gobernantes también son evaluados por las personas que eligen para ejercer el poder, por los controles que impulsan y por la forma en que reaccionan cuando aparecen indicios de corrupción en su propio gobierno. Cuando quienes resultan investigados o condenados son ministros, asesores de confianza o incluso familiares, el problema deja de ser exclusivamente judicial. Se convierte en un problema institucional.

En su comparecencia ante el Congreso, Pedro Sánchez reiteró que no está implicado en ninguna investigación, defendió la actuación de su Gobierno y atribuyó las acusaciones a una estrategia de desgaste político. Las investigaciones determinarán quiénes son penalmente responsables. Pero en política la confianza suele deteriorarse antes de que la justicia llegue a una conclusión definitiva. Al final, un gobernante no solo responde por las decisiones que adopta; también por las personas en quienes decidió confiar.