La Función de Transparencia y Control Social surgió de una promesa de la Asamblea Constituyente de 2008 de sanear la función pública y democratizar la elección de autoridades. Doce años después, la evaluación de este poder del Estado no es nada halagadora, tras las continuas pugnas políticas al interior de su organismo rector, el Consejo de Participación Ciudadana, cuyos integrantes no han logrado cumplir su misión. La crisis institucional llegó al punto de que el propio presidente del organismo fue denunciado por haber conseguido un carné de discapacidad sin las debidas justificaciones. El incidente mantuvo ocupados a los consejeros, mientras en los hospitales públicos se vendían insumos médicos con sobreprecio durante la pandemia, perjudicando así a los usuarios que no encontraron en esta instancia una voz que defienda sus intereses. Más allá de los discursos y buenas intenciones, la institución no ha estado a la altura de las necesidades sociales en aspectos tan elementales como el exagerado cobro de facturas de los servicios básicos o el legítimo derecho ciudadano a la salud y al trabajo. ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar para que las autoridades hagan su trabajo? La tan anunciada lucha contra la corrupción aún está en ciernes.