El Gobierno no tiene un ariete que dé la cara. Si había nociones sobre la distancia entre lo que quiere hacer el Ejecutivo y sobre el mensaje que llega a la ciudadanía, la trilogía de problemas que enfrenta ahora confirma esa realidad. Las cárceles, el rechazo a la megaley económica y el diálogo con el movimiento indígena están desgastando la imagen presidencial.

Están, por omisión, trasladando una imagen de inacción. El presidente necesita encontrar un interlocutor político eficaz con la misma urgencia con la que se requiere apagar el problema carcelario e impulsar el empleo.

Los ministros que tienen asignada esa función por el cargo que ocupan no la ejercen. En la cartera de Gobierno no hay nadie que responda otra cosa que no sea un lavado de manos. “Esto le corresponde a otro”. Esa no es una respuesta de quien está llamado a hacer de interlocutor. Por más que las competencias sobre las cárceles y sobre los operativos policiales estén definidas y recaigan en otras personas, alguien tiene que hacer frente. Y en esa función hay un hueco que se hace cada día más evidente. No solo es comunicar. Es moverse. Es gestionar. Es coordinar acciones. Es resolver. Es buscar apoyos. Es apaciguar críticas. Pero ahora, no es nada.