Corte Constitucional en disputa

La disputa en torno a la Corte Constitucional evidencia la fractura profunda del sistema institucional ecuatoriano: la tensión entre control constitucional y legitimidad democrática en un entorno de polarización extrema, en un país con crisis de seguridad, fragilidad económica y desconfianza en las instituciones; la Corte debería ser árbitro de conflictos que el sistema político no logra procesar.

El gobierno del presidente Daniel Noboa encuentra en la Corte Constitucional un contrapeso incómodo, mientras que sectores como el correísmo y sus opositores proyectan sobre ella sus disputas de poder. A esto se suma la Contraloría, cuyas actuaciones pueden leerse como control legítimo o presión institucional. En el fondo, no hay actores neutrales: todos operan en clave política.

Judicialización de la política y déficit de legitimidad

El problema central no es solamente la ‘ideologización’ de la Corte, sino el déficit de legitimidad del sistema. La judicialización de la política convierte a los jueces en decisores de temas que deberían resolverse en el ámbito democrático, pero la ausencia de consensos empuja esos conflictos hacia la justicia constitucional. Es un círculo vicioso.

Los casos Amada y Villacís reflejan esta complejidad: fallos se perciben como activismo político ideológico judicial. Aquí surge el choque: se exige a la Corte que sus fallos no creen nuevos derechos, pero al hacerlo se cuestiona su independencia.

Sin embargo, cualquier intento de control a la Corte Constitucional, para sus miembros, estaría amenazando su autonomía. No existen mecanismos claros para evaluar su actuación, agravando la percepción de arbitrariedad.

Así, el país podría entrar en una fase de desacato institucional, donde las decisiones constitucionales pierdan eficacia real (caso Villacís).

Reconstruir la confianza institucional

Ecuador necesita reconstruir confianza institucional. Esto implica transparencia en la Corte, responsabilidad en el discurso político y fortalecer espacios democráticos para que no todo termine en sede constitucional.

Un sistema donde nadie reconoce al árbitro y donde todos disputan el poder, sin reglas claras, podría transmutar en anarquía o tiranía.