La llaman “depresión posparto” y es una reacción de hipersensibilidad, preocupación, tristeza y agotamiento que sufren muchas mujeres después de dar a luz. Yo sé de lo que hablan. En 2001, cuando nació mi Amelita, la sufrí, seguramente porque vino al mundo prematura, pesando menos de 4 libras.

La depresión posparto, empero, no te hace tener alucinaciones; ni denunciar cosas que no pasaron. Sus secuelas tampoco se prolongan tanto, como de alguna forma lo ha intentado justificar Priscila Schettini de Carrión, al interponer una acción de protección contra el medio digital La Posta, por haber dado a conocer los hechos violentos denunciados por ella en 2017 contra su marido, el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión.

En un documento de 8 páginas, la señora de Carrión denunció el uso de datos de su vida privada con el objetivo de manipularlos y posicionar como agresor a su esposo. En esa acción de protección reclamó su derecho a la intimidad y a no ser revictimizada… Se olvidó, sin embargo, del derecho de los ciudadanos a informarse y a escrutar las acciones de los funcionarios públicos.

Entonces ya no era la defensora del defensor -como se hizo llamar en la Asamblea-, sino la esposa afectada por un reportaje que recordó hechos de violencia doméstica ocurridos y denunciados 4 años atrás, y que salieron a la luz cuando Freddy Carrión buscaba el puesto de defensor del Pueblo. Entonces no se conoció de reclamación alguna por parte de ella.

Por increíble que parezca, y aunque la Asamblea censuró y destituyó a Freddy Carrión 10 días atrás, la jueza Delicia de los Ángeles Garcés falló a favor de su esposa y ordenó retirar el reportaje de los antecedentes de violencia del exfuncionario, ordenando además que se le ofrezcan disculpas públicas por 30 días. No era un hecho menor: la sentencia inauguraba una vía hasta ahora desconocida contra la libertad de expresión, sentando un grave precedente para que funcionarios públicos logren ocultar actos irregulares de su vida privada.

En la lectura del fallo, la jueza llegó a decir que los periodistas no pidieron permiso a la señora Schettini para dar a conocer hechos del pasado. ¿Desde cuándo los comunicadores deben hacerlo? ¿Acaso los grandes escándalos de corrupción tienen permisos de difusión?

Entiendo que muchos defiendan, y con razón, su derecho a la intimidad, pero esto no puede contraponerse al derecho de la mayoría a estar informado, conociendo aspectos relevantes de la vida privada de los ciudadanos que deciden convertirse en funcionarios públicos. Un defensor del Pueblo debe tener probidad notoria, obligatoriamente; tener antecedentes de violencia doméstica contra su esposa no sostiene esa probidad moral mandatoria. La señora Schettini no puede negar el pasado. Tampoco dejar de reconocer que recibió una boleta de auxilio, para defenderse de su esposo.

El reportaje de la periodista Doménica Vivanco, sobre los antecedentes de violencia de Freddy Carrión (quien está preso desde mayo por acusaciones de abuso sexual), daba contexto a su situación actual. Mostraba los antecedentes del hoy exfuncionario público, evidenciando que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no hizo la selección correcta.

Una vez que el fallo de la jueza Garcés se notifique, los periodistas habrán presentado la apelación correspondiente en la Corte Provincial de Pichincha. Confío en la decisión de los nuevos jueces. Confío en que evaluarán una sentencia que nos devolvió al pasado, a los tiempos en que los periodistas éramos considerados enemigos.

Por cierto, los expertos señalan, que en los casos severos, la depresión posparto puede durar 1 año. ¿Lo normal? 2 semanas. Ese es el tiempo que yo reconozco.