La violencia política en Ecuador, personificada en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, forma parte de las advertencias recogidas por Amnistía Internacional (AI) en su informe sobre los Derechos Humanos en 2023.

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AI recordó que en el marco de las elecciones generales extraordinarias celebradas en agosto de 2023, varios candidatos a cargos públicos fueron agredidos o asesinados, incluido Villavicencio, asesinado once días antes de los comicios, “aparentemente por motivos políticos”

El documento también subrayó que, en mayo de 2023, un decreto presidencial estableció el despliegue de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en todo el país, a fin de “reprimir la amenaza terrorista” en respuesta a los grupos de delincuencia organizada.

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Los posteriores decretos emitidos durante el año ampliaban el mandato de la Policía y las FF. AA., “concediéndoles facultades para entrar en propiedades privadas y realizar registros, confiscar bienes y acceder a correspondencia”.

Además, recordó que, en diciembre, la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional que garantizaba una mayor participación de las FF. AA. en las tareas de seguridad púbica, ratificada en el referéndum celebrado el 21 de abril de 2024.

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AI cuestionó que sigan “impunes” las graves violaciones a los derechos humanos “cometidas por las fuerzas de seguridad” durante las protestas de 2019 y 2022, y señaló que en junio de 2023 se estipuló, por decreto, que los agentes encargados de hacer cumplir la ley que fueran sospechosos de haber causado lesiones, daños o la muerte a una persona, no serían detenidos ni retirados del servicio mientras no se dictara una sentencia condenatoria en su contra.

Sobre la situación en las cárceles, apuntó que en julio, 31 presos murieron de forma violenta y decenas resultaron heridos en una cárcel de Guayaquil, mientras que 137 guardias penitenciarios fueron retenidos de forma temporal en prisiones de todo el país.

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Señaló, además, que los servicios de salud de las prisiones “seguían siendo casi inexistentes, y las autoridades no investigaban adecuadamente los homicidios ni trataban con dignidad a los familiares de la población reclusa”.

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