Martín Vizcarra fue destituido de su cargo como presidente del Perú por incapacidad moral. Sabia lección. De tener una causal como esta, que impida la realización de todo acto público que vulnere la moral, estaríamos salvados en el Ecuador.

Y no es que no exista la norma. Existe. Y es de antigua data. Al tratar los actos jurídicos y las declaraciones de voluntad, el Código Civil considera moralmente imposible el acto prohibido por la ley. (Art. 1477). Lamentablemente, es un principio de Derecho Privado. Y el error consiste -precisamente- en no haberlo institucionalizado en el Derecho Público.

Así, si un lelo cualquiera (no me refiero a nadie en especial) va a inscribir su candidatura a la presidencia con la cédula de otra persona y con un certificado de votación falso, la incapacidad moral -por tratar de engañar a la autoridad- impide la inscripción, pues no es discutible que la mentira sea algo moralmente reprobable.

Lo mismo sucede si un preso pretende inscribirse como candidato desde su celda como Salcedín, pues la incapacidad moral de un delincuente recluido, tampoco se encuentra en discusión. -Ah… es que la moral es algo relativo. -Pues no. Pese a que la moral se relaciona con la valoración que sobre el bien y el mal tiene cada individuo, no se puede rebatir el hecho de que implicados en casos de corrupción no pueden ser candidatos ni a presidente de Lelolandia, pues tienen un impedimento moral para ser autoridades.

Eso también sirve para quitar del camino a los engrilletados. La ausencia de una sanción para la incapacidad moral nos ha convertido en el único país del mundo que debe aceptar la vergüenza de ser gobernado por delincuentes que -en lugar de estar en una cárcel- despachan asuntos públicos con un dispositivo electrónico en su tobillo.

Claro, además de sentido común, hace falta una norma constitucional que prohíba la incapacidad moral. Pero como a nadie le importa un pito, tenemos cuatro años sin implementar los cambios que la Constitución requiere. Por eso -a diferencia del Perú- debemos resignarnos a seguir siendo gobernados por delincuentes.