Finalmente se eliminó de la ley esa burrada correísta de que la comunicación es un servicio público, como el agua potable. Las formalidades van desapareciendo pero, en la práctica diaria, los daños que el gobierno anterior causó al periodismo siguen ahí y no se superarán tan fácilmente. Un decenio de hostigamiento dejó una generación de periodistas inseguros de las palabras que utilizan y desconfiados de los hechos que tienen por delante. Basta con revisar las informaciones sobre temas judiciales: en la mayoría de ellas, el periodismo tiende a protegerse mediante circunloquios que tratan de disolver las responsabilidades y terminan por encubrir la realidad.

En los noticieros de TV se dice, por ejemplo, que fulanito está “acusado de presunto asesinato”, “acusado de presunto peculado”, “acusado de presunto cohecho”… Como si la Fiscalía acusara de delitos que quizá se cometieron, quizá no. Pues no: lo que se presume en una acción fiscal es la inocencia del acusado, no la naturaleza de la acusación. La acusación se da por sentada y el acusado, por el hecho de ser inocente hasta que se pruebe lo contrario, no deja de ser acusado. Por tanto “Acusado de cohecho” basta y sobra. Sin embargo, decenas de periodistas no se atreven a pronunciar frase tan exacta. Tienen que meter la palabra “presunto” en algún lado, confundiéndolo todo, para cubrirse las espaldas. Porque el decenio correísta nos dejó muertos de miedo y cubrirnos las espaldas es la prioridad que nos impuso.

Un ejemplo: el caso por terrorismo presentado por Alberto Dahik contra los dirigentes indígenas Jaime Vargas y Leonidas Iza. En octubre de 2019, el país entero presenció, en transmisión directa desde el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura, en Quito, cómo el presidente de la Conaie convocó a sus seguidores a boicotear la infraestructura petrolera en la Amazonía. Es un hecho incontrovertible y como tal fue presentado durante un año en los medios. Sin embargo, bastó con que se convirtiera en un caso judicial para que esa seguridad se esfumara. Así, la semana pasada, más de un reportero de televisión dijo que Jaime Vargas “presuntamente llamó” a sus seguidores a boicotear infraestructura petrolera. Un hecho dejó de ser un hecho y se convirtió, por alquimia incomprensible, en una versión.

De versiones, no de hechos, se compone la realidad según esa estúpida visión del periodismo que impuso la ley correísta y que tan hondamente se grabó en el instinto de supervivencia de los redactores. Ante el hecho delirante de que el Gobierno gastara $ 1.500 millones en aplanar un terreno en El Aromo, había que preguntar su versión a los ladrones, para estar seguro. Los acusadores exhibían todas las pruebas, los otros decían que no hay nada anormal y eso era todo. Resultado: empate a cero. Esas cosas siguen pasando a diario: las versiones se imponen a los hechos. Como si un periodista que viera llover tuviera que llamar al instituto de meteorología para confirmarlo. ¿No es absurdo?

Hace poco, el acusado de corrupción Jacobo Bucaram dijo no conocer a los israelíes implicados, con él, en un caso de tráfico de medicinas. Los audios, los testimonios, las fotografías prueban lo contrario. ¿En serio la versión de Bucaram es relevante? ¿En serio hay que molestarse en entrevistarlo siquiera? ¿No basta con asomarse a la ventana y ver que llueve a cántaros?