Ha vuelto a exacerbar la animosidad contra China la presencia de una flota de más de 250 barcos pesqueros frente a nuestras costas. Ciertamente los barcos no están exactamente en una zona donde nuestro país ejerce soberanía, por tanto en este momento no nos asiste otro derecho que vigilarlos e impedir que penetren nuestro mar territorial.

Hace unos días causó escozor el hacerse público que los términos de la negociación de deuda entre nuestro país y ese país se habían condicionado como reservados. ¿Cabría que los contribuyentes de nuestro país no sepan los términos en los que son usados sus recursos? Quizá las negociaciones deben manejarse con sigilo, pero las conclusiones y acuerdos deben ser públicos, pues la comunidad toda debe exigir rendición de cuentas; así funcionan las democracias. Pero de pronto, el 22 de julio China hace un anuncio que patea el tablero: la vacuna contra el COVID-19 que está desarrollando la empresa china Cansino Biologics, y que hoy está siendo probada en su fase III por su ejército, estaría rápidamente a disposición de los países de Latinoamérica y el Caribe. Para ello plantea un crédito de $1.000 millones, comprometiéndose además a que el fármaco tenga alcance mundial. La sola declaración cambia completamente el escenario para un país como el nuestro, limitado en recursos y destrozada su economía, que no puede darse el lujo de esperar mucho tiempo para lograr inmunizar a su población, mientras el mundo desarrollado se dispone a ejercer sus “acuerdos de mercado anticipado”. Además, con unas asimetrías económicas que se evidenciarían aún más, cuando las personas de escasos recursos no dispongan de los medios para adquirir un producto vital.

Francamente creo que los chinos deberían darnos sin costo la vacuna, pues ellos nos metieron en el lío en el que estamos; sin embargo, antes de que enviemos a nuestra escuadra a bloquear sus puertos y a nuestra fuerza aérea a intimidarlos en Asia (cuando ya tengan póliza de seguros contratada), recordemos que los Estados no tienen alma, solo tienen intereses, y el Ecuador debe velar por los propios.