Delitos “de cálculo”
Las investigaciones por delitos de corrupción se enfocan en el oropel que supone allanar y detener. Pero poco o nada se hace para la efectiva localización de activos en Ecuador o el extranjero’.
Del catálogo de delitos de corrupción, Álex Bravo los cometió casi todos. Así lo declaran las 3 sentencias que cumplía por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y cohecho. Todos estos pecaditos computaban un total de 12 años de cárcel. Salió en libertad tras cumplir 6 años y, por un nuevo cómputo, le faltan solo 2 que los cumplirá en su casa. El Estado no recuperó nada de lo desviado por corrupción. Y difícilmente lo hará.
Por irónico o desolador que parezca, la lucha contra la corrupción nos envía un mensaje muy claro: el crimen sí paga. Esto porque el riesgo de condena será parte del análisis costo-beneficio que se sortea con mucha facilidad. El decomiso de los bienes y dineros son como fantasmas: se ven, pero no se los puede tocar. Así, el cálculo y la decisión para convertirse en corrupto se traduce en un “ganar ganar”. La cultura por la integridad pública se pulveriza. En la comunidad internacional esto no ha pasado inadvertido. Como es bien conocido que la riqueza mal habida se esconde, están previstos -desde hace tiempo- los mecanismos de cooperación internacional para que los países puedan ubicar, localizar y recuperar el producto de estos delitos fuera de su territorio, inclusive. La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (Uncac) es un instrumento útil y poderoso para estos fines. ¿Qué falta, entonces, para recuperar lo robado? Pues sagacidad, información y coordinación.
Las investigaciones por delitos de corrupción se enfocan en el oropel que supone allanar y detener. Pero poco o nada se hace para la efectiva localización de activos en Ecuador o el extranjero. Este debería ser hoy el enfoque principal. Ya no resistimos que se llegue hasta el final de los procesos, a sentencias ejecutoriadas, y no existan los bienes para ejecutar las reparaciones integrales.
Pronto tendremos jueces especializados en delitos de corrupción y crimen organizado. En sus manos tendrán casos como los del exgerente de Petroecuador. Tenemos, por tanto una oportunidad para cambiar el enfoque y redireccionar la lucha contra la corrupción no solo a las condenas, sino al aseguramiento de los bienes para su recuperación.
Los jueces deberán hacer su parte. Fiscalía y Procuraduría, aún más.
