Rechazo plebiscitario

Los resultados del referéndum llevado a cabo en Chile el 4 de septiembre, con el triunfo apabullante del rechazo al texto constitucional producido por la Convención, conlleva un conjunto de reflexiones sobre el proceso constituyente en ese país y para la región. Lo primero que sorprende es el categórico éxito del rechazo a nivel cuantitativo, no pronosticado por ninguna de las encuestadoras: un contundente 62 % y una distancia de 24 % a nivel de las dos opciones. Una participación ciudadana del 84,5 % nos demuestra una sociedad participativa, posiblemente por la obligatoriedad del voto; pero al mismo tiempo destaca una colectividad decepcionada y desconcertada por los fracasos y desengaños en el desarrollo de la Convención, y por los desbordantes contenidos de la propuesta constitucional. Desde la reflexión popular se pensó que “quien mucho abarca, poco aprieta”. Segundo, en el artículo sobre La vida útil de las Constituciones escrita”, encabezado por el profesor Thomas Ginburg, de la facultad de Derecho de la U. de Chicago (2009), se señala que desde 1789 (Revolución Francesa) hasta la actualidad el tiempo promedio de duración de una Constitución, en Occidente, es de 17 años (NYT). Esto significa que la Constitución es un contrato social, un acuerdo de convivencia colectiva, que obliga a tener en cuenta al otro, a la oposición; debe buscar cambios, pero también equilibrios. Propone transformaciones, pero debe responder a las demandas sociales sentidas e inmediatas. La Constitución no es un plan de gobierno. Tercero, en el caso chileno sorprende en la propuesta constitucional la endeble concatenación entre el texto y la realidad vigente, que se manifiesta por un contenido maximalista que busca cubrir todos los aspectos de la vida social. No prioriza ni destaca los aspectos más candentes y conflictivos del momento histórico. Cuarto, sobresale la vigencia de un acuerdo político y social para continuar buscando una nueva Constitución, con aceptación mayoritaria, que reemplace a la pinochetista de 1980, aun con todas sus reformas, como una forma de reunificación, real y simbólica, que integre más a la sociedad en democracia y bienestar.