Continuando con la saga Las lecciones sacadas del paro, marcamos el escenario nacional: Destacaba Expreso en sus editoriales: “El malestar social era generalizado y prolongado antes de que la voz de la calle se la tomaran las organizaciones indígenas” (5 de julio 2022); y, enfatizaba: “No están funcionando los servicios como deberían. No se ven obras, no se ve el movimiento de recursos, no se vislumbran las posibilidades de progreso ni individuales ni a nivel de país. Es urgente que el gobierno ejecute cambios. {…} De nada sirve tener las cuentas claras si los servicios elementales no atienden” (7 de julio).

Mientras que a mayor insensibilidad estatal a responder a las demandas se prolongaba más el paro, produciéndose una mayor radicalización de los sectores sociales, incluyendo actos de vandalismo, rechazables. Vemos el enfrentamiento de visiones opuestas al tratamiento de conflictos, que actuaban según tácticas de poder. En este contexto ambos actores enfrentados cometieron errores en la protesta, por parte del gobierno: los estrechos márgenes de maniobras por sus anteojeras neoliberales, consultar a ministros extremistas, como él de Economía y Finanzas y a la troika represiva, el apresamiento de Iza, el allanamiento a la CCE, la represión, romper el diálogo de manera abrupta por el banquero presidente e intentar deslegitimar la calidad del presidente de la Conaie. Mientras que las de los movimientos campesino-indígenas fueron: impedir el paso de ambulancias, oxígeno médico, combustibles y que camiones cargados lleguen a sus destinos; exigir nuevas demandas no contempladas en los 10 puntos e intromisión en asuntos sin competencia, como regalías a laboratorios de floriculturas; agresiones a comunicadores y bandolerismo, deslegitimación de posibles organizaciones sociales mediadoras; y divergencias maximalistas de líderes en suscripción del acuerdo. En este escenario se produjo un hecho de oportunismo político en la Asamblea, cuando la bancada de UNES presentó las firmas correspondientes para aplicar el art. 130.2 de la CP para destituir al presidente. Acción improcedente y sin éxito, que demostró que los partidos no canalizan las demandas de los sectores en lucha. (2/4)